madrid. El juez podrá imponer la custodia compartida aunque los padres se opongan si considera que es lo mejor para los hijos, según el anteproyecto de ley estatal que regula este régimen en los casos de nulidad, separación y divorcio y que ayer aprobó el Consejo de ministros.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que el anteproyecto responde a la necesidad de adaptar los cambios de la sociedad española durante "los últimos decenios" e insistió en que la custodia compartida no puede ser excepcional sino normal. Señaló que el juez podrá estimarla, siempre en beneficio del interés superior del menor, incluso en contra de los progenitores, y anunció que los condenados por violencia machista no tendrán la guardia y custodia de los hijos. Cuando el juez aprecie, durante el procedimiento civil, indicios fundados de que el padre es un maltratador tampoco tendrá la custodia del menor, aunque no exista denuncia por malos tratos.
ley vasca Por lo que respecta a Euskadi, donde se está tramitando una iniciativa legislativa popular a favor de una Ley vasca de custodia compartida, el consejero de Justicia y portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, expresó ayer su "confianza y esperanza" en que la reforma del Ejecutivo español "redunde en beneficio del menor".
Erkoreka puntualizó que el Gobierno Vasco no había sido consultado por el Ejecutivo de Rajoy sobre los cambios proyectados para la custodia compartida y aplazó su valoración para cuando conozcan los detalles de la reforma. El consejero desea que la nueva ley "piense básicamente en el interés del menor, en darle cobertura para que en su desarrollo pueda contar con un entorno familiar adecuado".
Por su parte, Kidetza, la federación de Euskadi de madres y padres separados, valoró positivamente "que el anteproyecto de ley recoja varios de los contenidos del proyecto de Ley vasca de Corresponsabilidad Parental". Citaron en concreto que "incorpora la obligatoriedad de las partes de aportar un plan de parentalidad o de ejercicio de la patria potestad al separarse o divorciarse" y que reconoce "el derecho de los menores a relacionarse con su familia extensa". También que posibilita que el juez pueda remitir a las partes a la mediación familiar y que recoge la misma fórmula incluida en la ILP del Parlamento vasco para las situaciones de violencia de género.
