Vitoria. Alicia Ruiz de Infante, diputada foral de Obras Públicas, rehusa la posibilidad de implantar una red de peajes en Álava tras reunirse ayer en la capital alavesa con la diputada de Movilidad e Infraestructuras de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte. Ésta es una de las conclusiones de un encuentro marcado por la disparidad de criterios sobre el particular. De hecho, mientras que Gipuzkoa apela al pago de los usuarios de su red vial como fórmula para hacer frente a su deuda, el ente foral alavés aboga por no penalizar a los alaveses que usen las infraestructuras guipuzcoanas, muchas de ellas, extensiones naturales de carreteras que también pasan por Álava. Es más, incluso desde el Gabinete de De Andrés no se oculta la posibilidad de estudiar un posible recurso a la decisión guipuzcoana, ya que se entiende que discrimina a los ciudadanos de este territorio histórico.

Se da la circunstancia de que desde el Ejecutivo provincial guipuzcoano, en manos de EH Bildu, han manifestado por activa y por pasiva su intención de implantar una red de peajes que afectará a las carreteras N-I, N-121, A-15 y N-232 para subsanar, según la propia Diputación abertzale, la deuda de 900 millones de euros que arrastran las arcas de aquel territorio histórico tras la construcción de innumerables carreteras y autopistas durante los últimos años -AP-1, por ejemplo-. Esto, a ojos de Ugarte, ha hipotecado completamente la red de infraestructuras de Gipuzkoa para los próximos 20 años. "Tenemos una situación que si no hacemos frente, en 2015 vamos a tener serios problemas para afrontar la deuda", confesó Ugarte. Palabras a las que la diputada alavesa quiso contestar con rotundidad. "No va a caer la deuda del Gobierno de Gipuzkoa sobre los alaveses, eso lo tiene que asumir la Diputación".

El caso es que desde Gipuzkoa intentan implantar dos nuevas normas forales. Una para transportes pesados, que se presentará a finales de este mes y otra para vehículos ligeros, ésta a finales de septiembre. En la actualidad, la propuesta de peajes contempla que los usuarios habituales, tras haber gastado 25 euros mensuales, obtengan un descuento del 50%. El Gobierno guipuzcoano quiere que esto cambie y que a partir de 25 euros los usuarios circulen de forma gratuita durante ese mes. "Esto se aplicaría según el uso y no la nacionalidad", indicó la diputada guipuzcoana. Este control consistiría en la implantación de un sistema tecnológico y uso de lector de matrículas, sistema de peajes electrónicos pionero en el Estado.

Gipuzkoa, Álava y Bizkaia son territorios pequeños que comparten la red de carreteras. Éste sería el principal impedimento para adoptar las nuevas leyes si fueran aprobadas. La diputada alavesa ante esta situación, pide que no se produzca una discriminación si se aplican estas normas sobre las carreteras guipuzcoanas.