MADRID. Los objetivos de estos ataques, de los que no se conocen las cifras exactas dado que sólo se denuncia aproximadamente el 4%, son además de las personas, las mezquitas, las viviendas gitanas, los comercios magrebíes, las sinagogas, la sedes de organizaciones de izquierda e incluso aficionados de fútbol, ongs antirracistas y periodistas, según un informe del Movimiento contra la Intolerancia
Así se lo han trasladado hoy los presidentes del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y de la Red Europea contra los Crímenes de Odio, Valentín González, a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a quien le han entregado el Informe RAXEN-2012, que recoge la citada situación.
Además, le han pedido que interceda para que España cuente con un registro de estos delitos como el que tienen casi todos los países europeos (menos cinco).
Según el informe, existen grupos racistas y xenófobos en todas las comunidades autónomas, además de más de 1.500 webs y sites xenófobos, decenas de conciertos de música racista y neofascista (detectados 26) y más de 10.000 ultras y neonazis. También tiene documentados más de 80 homicidios por odio desde 1991.
El informe alerta de que actualmente se están creando grupos organizados que convocan manifestaciones y realizan, sistemáticamente, propaganda contra la inmigración y la diversidad, "poniendo en peligro la cohesión y la convivencia en la sociedad democrática".
Internet se ha convertido, además, "en un espacio privilegiado" para propagar el odio, la discriminación y la violencia por motivos de racismo e intolerancia, así como para extender la xenofobia por todo el mundo.
Ante esta situación, y para el caso concreto de España, González e Ibarra han trasladado a Becerril la necesidad de reformar el Código Penal para combatir todos los delitos de odio y dar cumplimiento, así, a la Decisión Marco Europea de Derecho Penal.
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea han sido "contundentes" con los Gobiernos llamándoles a una "acción decisiva frente al racismo y la xenofobia", por lo que, los autores del informe consideran necesaria una Ley de Protección de las Víctimas de la discriminación y los delitos de odio.
No obstante, hasta que esta Ley sea un hecho, el informe destaca la necesidad de adoptar medidas para reducir este tipo de delitos.
Así, piden que se reconozca la especificidad del "delito de odio" y que se ponga en marcha el "apoyo integral" a las víctimas de delitos de intolerancia y crímenes de odio (protección a testigos y adecuación de atestados y procedimientos judiciales que den garantía de actuación eficaz a víctimas y ciudadanos ante esos delitos).
Otras de las medidas serían el cierre de webs y la aplicación de la legislación penal prevista para quienes por Internet, inciten al odio, a la discriminación o la violencia xenófoba, racial, neonazi o a cualquier otra manifestación de intolerancia criminal.
También consideran indispensable la prohibición de conciertos de música del odio y manifestaciones o actividades que promuevan o alienten la xenofobia, el racismo y la intolerancia criminal; aplicar la legislación penal a quienes cometan este tipo de delitos contra el ejercicio de los derechos humanos y poner fin al anonimato de los Grupos Ultras relacionados con los deportes.
Además, piden la creación de unidades policiales y fiscalías especializadas, así como planes permanentes e integrales contra la intolerancia; formación específica para quienes trabajan en ámbitos donde se producen situaciones de discriminación e intolerancia y potenciar el apoyo a las organizaciones sociales que trabajan en defensa de las víctimas de estos delitos.
Por último, han insistido en la necesidad de "tener en consideración" el contexto de una Europa donde en países como Gran Bretaña, con experiencia y registro oficial de estas infracciones, se reconocen 54.000 infracciones y delitos de odio durante el último año, así como 24.000 Alemania o 5.493 en Suecia, con una población de 7,5 millones de habitantes.
"No se puede negar la existencia del problema", ha concluido Ibarra.
