no hubo sorpresas. El Ministerio de Industria no ha sabido ocultar su interés por mantener operativa la central nuclear de Santa María de Garoña. Ayer, sin ir más lejos, desde el Ejecutivo central se firmó la orden de cese de explotación de la planta atómica. No obstante, el Gobierno popular anunció que iniciará los cambios normativos necesarias para que la instalación eléctrica siga con la actividad "si así fuera posible". Tal anuncio llegó en boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el preceptivo Consejo de Gobierno.

"Dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad", el Ministerio de Industria procederá a dichas modificaciones normativas, explicó la portavoz del Ejecutivo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Es decir, las leyes nunca son ni serán un obstáculo para facilitar los intereses políticos. Si una legislación molesta, se cambia. Así de sencillo.

En cualquier caso, ayer se interpretó la última escena -de momento- de la tragicomedia en la que se ha convertido el cierre de la planta del Valle de Tobalina. Así, se dio continuidad oficial a una orden ministerial de Industria, emitida en 2009, que establecía que la autorización de explotación expiraba hoy mismo.

En este punto, cabe recordar que Nuclenor -empresa participada al 50% por las multinacionales Endesa e Iberdrola y propietaria de Garoña-, solicitó el pasado mes de mayo un nuevo plazo para poder evaluar si pedía una prórroga de su vida útil, después de haber rechazado esta opción con anterioridad, basándose en motivos económicos (nuevas tasas sobre el combustible). La petición fue remitida por Industria al Consejo de Seguridad Nuclear, que avaló dicha posibilidad, aunque los plazos legales han impedido modificar la orden ministerial que habría permitido a Nuclenor solicitar dicha prórroga.

La orden de cese de Garoña fue suscrita ayer por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, "un procedimiento administrativo iniciado hace meses; que el Ministerio tenía que concluir antes del 6 de julio", añadió la vicepresidenta. Según la versión gubernamental, se trata de una "orden de cese basada en motivos económicos; ahora se trata de trabajar sobre la posibilidad de que pueda reanudarse en el futuro dado que no hay problemas de seguridad", indicó.

Esta semana, Nuclenor comunicó a los trabajadores que el cese era "reversible" y que a partir del próximo lunes, trabajarían en un "periodo de transición" hasta decidirse el futuro de la planta.

El pasado 16 de diciembre, la nuclear burgalesa se desconectó de la red eléctrica y comenzó a trasladar su combustible del reactor a la piscina de almacenamiento, anticipando así su clausura. Entonces, su propietaria se basó en razones económicas para no seguir (las nuevas tasas sobre el sector nuclear aprobadas por el Gobierno del PP), aunque indicó su deseo de continuar si había cambios, en alusión a la futura reforma energética. Está previsto que la reforma sea aprobada este mes. De ahí en adelante, poderoso caballero es Don Dinero.

Sin embargo, hay una variable que podría dificultar los intereses del Gobierno central del Partido Popular. La pista la puso sobre la mesa el portavoz del Grupo Juntero del PNV en Álava, Ramiro González. Éste destacó un documento de la Comisión Europea que ratifica que Garoña "no podrá volver a introducir combustible nuclear en sus reactores sin una autorización expresa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)". Además, ésa estaría condicionada por las mejoras de diseño previstas tras los test que se realizaron en todas las centrales europeas tras el accidente de la central nuclear de Fukushima.

En un comunicado, los jeltzales informaron de que en el citado documento, el comisario europeo de energía, Gunther Oettinger, recuerda que la central se encuentra actualmente parada ya que no hay combustible en el reactor, y que la concesión de una prórroga en la explotación de la central "requeriría la modificación de la orden ministerial que fijaba como fecha de cierre definitivo de la central" hoy mismo. En este sentido, González añadió "como ha ratificado la Comisión Europea, si Garoña no cumple con las mejoras previstas tras los test que se realizaron en todas las centrales europeas tras el accidente de Fukushima, no será posible recibir ninguna autorización para volver a operar".

La eurodiputada de PNV Izaskun Bilbao, según explicó, dirigió una pregunta al comisario europeo de la Energía, en la que recordaba que Garoña no ha concluido aún las reformas que debe acometer para superar las deficiencias de seguridad que se detectaron en la misma tras el accidente de Fukushima. Asimismo, solicitó información a las autoridades europeas preguntó sobre el grado de conocimiento que tenía sobre la situación Garoña y recordó que los test de resistencia demostraron que "no resiste terremotos de la intensidad que exige el regulador, que presenta riesgo de inundación muy alto en caso de rotura de las presas cercanas y que tiene deficiencias en la custodia y protección del combustible gastado en caso de pérdida de los sistemas de refrigeración".