vitoria. El Gobierno Vasco sólo detectó el año pasado 106 casos sancionables de fraude con vivienda protegida (VPO), lo que representa el 1,1% de las 9.385 inspecciones realizadas. En una respuesta parlamentaria del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, al socialista Bixen Itxaso, se explica que esas 9.385 inspecciones motivaron la apertura de 238 expedientes sancionadores, aunque sólo 106 terminaron en multa. Por este concepto, el Ejecutivo ingresó 304.000 euros.

El número de sanciones impuestas se redujo en 2012 en un 14,5% con relación al año anterior, cuando se multó a 124 beneficiarios de VPO. No obstante, en 2011 también fueron más las inspecciones llevadas a cabo (11.723). La recaudación por las multas ascendió ese año a 257.000 euros.

En 2010, el número de sanciones fue de 103, una cifra casi idéntica a la de 2012, con el agravante de que en ese ejercicio solo hubo 6.393 inspecciones, un 68% menos que el año pasado. La recaudación por sanciones fue de 222.000 euros.

Desde que en el año 2004 el Gobierno Vasco comenzó a hacer controles para perseguir el fraude con las VPO se han inspeccionado 23.744 viviendas en Araba, 23.269 en Bizkaia y 19.919 en Gipuzkoa.

programa bizigune En otra respuesta parlamentaria, también de Aburto a Itxaso, el Ejecutivo informa de que este año se gestionarán 5.400 viviendas dentro del programa Bizigune, que persigue promover el alquiler de pisos vacíos con tarifas sociales que luego el Gobierno Vasco complementa al propietario hasta alcanzar un precio de mercado.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales reconoce que esos 5.400 pisos -que vienen determinados por el presupuesto disponible, principalmente- sólo podrán dar respuesta al 16,56% del total de demandantes, ya que a fecha de junio de 2013 hay 32.600 personas que quieren acceder a un alquiler a través de este programa.

El pasado 10 de junio concluyó el plazo fijado por el Gobierno Vasco para que los usuarios de Etxebide actualicen sus datos como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva regulación del registro.

Desde que el pasado 2 de enero entró en vigor la Orden del Registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de VPO y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico, la demanda de vivienda solo se puede realizar en régimen de compra o de alquiler, y no en ambos casos como sucedía hasta entonces. Además, se puede demandar vivienda en los municipios de empadronamiento y/o trabajo de los titulares de la solicitud, y adicionalmente en otro lugar distinto a los anteriores.