Vitoria, 25 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a dos años de cárcel y al pago de casi 46.000 euros a una mujer que vendió un trastero en Vitoria sin abonar los dos créditos hipotecarios pendientes y siguió cobrando al comprador los plazos pactados incluso cuando el banco ya la había desahuciado.
La sentencia dictada por la sección segunda de la citada Audiencia Provincial considera probado que la acusada cometió un delito de estafa.
En concreto, la sentencia relata que la acusada y el comprador firmaron un contrato de compraventa de un trastero ubicado en la calle Pintorería de Vitoria en mayo de 2008 por un precio de 47.000 euros, de los cuales 36.000 fueron abonados a la firma del contrato.
Además acordaron que los 11.000 euros restantes se abonarían en plazos mensuales de 500 euros entre junio de 2008 y abril de 2010, y como la finca estaba grabada con dos créditos hipotecarios a favor de la Caja Vital, la propietaria se comprometió a cancelarlos antes de que se otorgaran las escrituras al nuevo propietario.
El comprador, que ocupó ese trastero como habitación para los fines de semana ya que contaba con aseo, cocina y dormitorio, comenzó a ingresar el dinero pactado a partir de junio de 2008 hasta abril de 2010, periodo en el que pagó un total de 9.822 euros, con lo que entregó a la vendedora un total de 55.822 euros.
La resolución declara probado que la acusada "ocultó" al hombre que desde enero de 2008 -cuatro meses antes de firmar la compraventa- había dejado de abonar las cuotas de ambos préstamos y que "no empleó" el dinero inicialmente recibido por el comprador para satisfacer las mensualidades atrasadas y adeudadas a Caja Vital.
Por ello, el tribunal considera que la mujer concertó la "compraventa sin intención de cumplir lo pactado" con el hombre, a quien ocultó también las comunicaciones que recibió de la entidad de ahorro sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria que finalizó en junio de 2009 cuando se sacó el trastero a subasta.
La sentencia explica que la acusada siguió recibiendo las mensualidades del comprador hasta abril de 2010, cuando ya no era propietaria del trastero.
El tribunal recuerda que durante el juicio por estos hechos, la mujer dijo "no recordar" por qué no regularizó la situación con la entidad bancaria utilizando el dinero que recibió del comprador y que también se comprobó que ésta no hizo "ningún trámite o gestión" para evitar el desahucio.
"Sencillamente no cumplió con la entidad prestamista porque no quiso", resume el tribunal, que también considera que el contrato fue un mero "ardid" o "vehículo de engaño" pues la acusada no tuvo intención de cumplirlo más allá de permitir que el hombre ocupara el trastero "mientras llega inexorable el momento que lo echara la Caja Vital".
En un principio el ministerio fiscal reclamaba tres años de cárcel porque pedía que se imputara también una continuidad delictiva, cuestión que no estima el tribunal que ve un único delito de estafa y no una "pluralidad de defraudaciones".
Además de los dos años de cárcel, la mujer deberá indemnizar al comprador con un total de 45.935 euros, que se corresponden con los 45.822 euros que efectivamente le entregó más los 113,4 euros que el hombre se gastó en una comunicación notarial a la vendedora. EFE
