Bilbao. Mientras la Ley de Tasas vacía de competencias -y de expedientes- a los tribunales vascos de lo Contencioso-administrativo, los 21 juzgados de lo Social existentes en la Comunidad Autónoma Vasca asisten a un incremento del número de asuntos ingresados. Calculan que este año serán un 20% más de casos [libres del pago de tasas en primera instancia] cuyo germen habría que buscar en la reforma laboral y la crisis, principalmente. La previsión, indicaba ayer Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) es que cada uno de esos juzgados tenga que estudiar y pronunciarse sobre 1.400 sumarios, el doble de los estándares de calidad recomendados por el Consejo General del Poder Judicial. Según la Memoria del TSJPV del curso 2012, la media de asuntos ingresados fue de 1.047.

Una proyección a corto plazo elaborada en función de las inspecciones cursadas en tres juzgados de lo Social de la capital vizcaína evidencia que este nuevo escenario pondrá en grave riesgo la calidad y la eficiencia demostrada hasta ahora por la Justicia vasca, por ejemplo en los tiempos de resolución. Si esos malos augurios se cumplen la primera respuesta de sus jueces sobrepasará los plazos actuales de unos cinco meses, yéndose hasta los 8 o 10 meses. "Y en España están peor, con año y medio o dos", zanjaba Biurrun.

Por eso, desde el TSJPV, su presidente Juan Luis Ibarra, reclamó ayer la creación de tres nuevas plazas en Bilbao en la Jurisdicción Social y calificó de "urgente" la reincorporación a Donostia de la unidad desplazada de Eibar a fin de poder ofrecer garantías de atención al aluvión de asuntos que enfrentan a trabajadores y empresas, y convenios colectivos, mayoritariamente. Solo el año pasado ingresaron en los juzgados 21.993 asuntos de esta índole y la proyección apunta a que en 2013 la cifra ronde los treinta mil expedientes.

En este sentido, Biurrun subrayó que la Jurisdicción Social "es la gran pagana de la crisis como consecuencia del manifiesto deterioro de las condiciones de trabajo y de la regulación que viene dada por la Reforma Laboral". Así, comentó que mientras los expedientes incoados en lo Contencioso-administrativo han descendido un 30% a consecuencia de la aplicación desde la primera instancia de la Ley de Tasas en el suyo, en lo Social, "este grifo, esta entrada de asuntos no lo cierran las tasas" [requeridas únicamente cuando se presenta recurso]. "El incremento está servido si no se pone remedio", concluyó la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV.

Por ello, el presidente de este órgano, Juan Luis Ibarra, criticó abiertamente ese peaje para acceder a la Justicia que ya está provocando el vaciado de las garantías de control ejercidas por el estamento judicial sobre, por ejemplo, la labor de las administraciones públicas a través de la vía contencioso-administrativa. En este sentido, reprendió a los aprendices de brujo que idearon la ley de tasas sin haber calibrado sus consecuencias. "En la Administración de Justicia no hay milagros, ni varitas mágicas, ni hechizos", zanjó.