vitoria. Ante la central de Garoña, las posturas son inflexibles. Están quienes siempre han exigido su cierre y quienes nunca se han cansado de defender su continuidad. A este segundo bando pertenece la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), colectivo que concibe la energía nuclear como un instrumento de primer orden para remontar la crisis económica y de empleo. Por eso, era inevitable que ayer se pronunciara. Su presidente, Santiago Aparicio, pidió que "impere el sentido común" y siga abierta la planta nuclear.
La patronal castellanoleonesa tiene claro que la energía nuclear es "limpia y barata", así que a su juicio sería difícil comprender el cierre. No obstante, Aparicio advirtió de que las reformas que lleva a cabo el Ministerio de Industria, "sobre todo en materia de tasas", no son "las más adecuadas para la industria, porque penalizan la producción de energía", por lo que pidió que se modifique la fiscalidad. Y eso que resulta clara cuál es la apuesta del Gobierno de Rajoy, indisimuladamente a favor de propiciar este modo de negocio.
Los empresarios de Castilla y León siempre han sostenido que la central burgalesa ha demostrado un funcionamiento adecuado desde su puesta en marcha. También suelen insistir en que la planta ha sido sometida de forma periódica a auditorías por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Además, alegan que su continuidad reduciría el riesgo de deslocalización para determinadas empresas de alto consumo de energía eléctrica.
