Gasteiz. La querella argentina contra los crímenes del franquismo y de los primeros años de la Transición sigue dando pasos firmes. Tantos, que incluso alguno de sus protagonistas podría llegar a ser imputado próximamente. La jueza que instruye esta causa desde el otro lado del Atlántico, María Servini de Cubría, iniciará mañana una serie de entrevistas a través de videoconferencia con doce víctimas de la dictadura y sus años posteriores con el objetivo de complementar su instrucción de este caso, que dio sus primeros pasos en el año 2010, toda vez que ya ha aceptado el escrito de imputación contra sus protagonistas.
Cabe recordar que entre ellos se encuentra Rodolfo Martín Villa, quien fuese ministro de Relaciones Sindicales cuando se produjo el asesinato de cinco obreros el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Le acompañan en la querella, entre otros, los también exministros Fernando Suárez González y José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz Gallardón, que firmó la ejecución de la sentencia de muerte de Puig Antich; los policías de la Brigada Social Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio González Giralte y Celso Galván Abascal; el guardia civil Jesús Muñeca Aguilar; el juez del Tribunal de Orden Público Rafael Gómez Chaparro y el capitán Jesús Cejas Mohedano.
Los más de 300 querellantes que ya suma esta causa, sumando a personas individuales y asociaciones de todo el Estado, plantean la imputación por crímenes de lesa humanidad de estos responsables concretos y todavía vivos de la represión. Una misión hasta ahora imposible dentro de las fronteras del Estado por la mera existencia de la Ley de Amnistía de 1977, una suerte de ley de punto final que ha permitido a los protagonistas de la represión vivir impunes e, incluso, seguir ocupando durante años cargos de responsabilidad en las estructuras del Estado o en grandes empresas. El principio de Justicia Universal que sí reconoce la Constitución argentina ha permitido dar aire a este proceso, otorgar a este país jurisdicción para perseguir las atrocidades de la dictadura.
Las videoconferencias, tres cada día durante cuatro jornadas, se convertirán en la primera medida probatoria de este caso. Una vez que haya conversado con cada uno de los doce denunciantes, la jueza decidirá si procede a imputar a los responsables, en cuyo caso dictaría una orden de busca y captura internacional a través de Interpol para que sean extraditados a Argentina y declaren ante ella. Siempre y cuando no lo hagan motu proprio, circunstancia a todas luces improbable. Después, Servini de Cubría decidiría la situación procesal de cada uno de ellos.
Las videoconferencias tendrán lugar, además de mañana, el próximo jueves 9 y los días 15 y 16 de este mismo mes, a partir de las 14.00 horas (9.00 horas en Argentina). Se realizarán en el consulado argentino en Madrid, que ya ha recibido instrucciones desde la Cancillería del país sudamericano para que todo transcurra sin trabas.
Hoy tomarán la palabra Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales, tres damnificados por distintas medidas represivas. Y mañana será el turno de Andoni Txasko, portavoz de Martxoak 3. "Estamos esperanzados, porque va a ser la primera vez que podamos declarar ante un juez por estos hechos. No sabemos cómo acabará todo esto, pero es una esperanza", celebró ayer en declaraciones a este periódico. A juicio de Txasko, la declaración "viene tarde y desde otro país, lo cual es una vergüenza, pero esperamos que esta causa siga abriendo conciencias".
