Madrid. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, subraya que tanto el Gobierno como los diputados del PP saben "abiertamente" que "están mintiendo" cuando dicen que los escraches son violentos y acusa a ese partido de intentar "criminalizar" a las víctimas de los desalojos. En una entrevista con Efe, Colau defiende los escraches por ser "pacíficos" y sostiene que el PP pretende crear "una cortina de humo" en un momento muy concreto en el que la PAH tiene "más apoyo popular que nunca" y cuando hay una "indignación generalizada" porque se ha rescatado a los bancos en lugar de a las personas.
Reitera que el objetivo de acudir a los domicilios de los políticos es dialogar con ellos y presentarles sus propuestas y adelanta que seguirán haciéndolo hasta que no se aprueben las reivindicaciones mínimas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP): dación en pago, moratoria para frenar los desahucios y alquileres sociales para los afectados.
"El Gobierno y los diputados del PP saben abiertamente que están mintiendo cuando hablan de que nuestras acciones son violentas", sostiene la portavoz de la PAH, que indica que lo dicho por el exdiputado popular en el Parlamento de Canarias Sigfrid Soria "demuestra quién es el violento aquí". Soria provocó el pasado jueves un revuelo en Twitter con sus comentarios contra los escraches, tras amenazar con "dar de hostias" a aquel "perroflauta" que intente acosarle, intimidarle o agredirle por la calle. Colau mantiene que los populares quieren "criminalizar" a las víctimas pero su estrategia "se les ha girado en contra" porque la causa que defiende la PAH la apoya todo el mundo. "Los diputados en este país tienen una impunidad absoluta, no se les puede exigir nada, ni siquiera que hablen con la ciudadanía, se esconden tras la disciplina del partido", opina la portavoz.
Pero la Plataforma no sólo hace escraches para defender el derecho a la vivienda, recuerda la portavoz, que anuncia una primavera verde en la que además de esta protesta, seguirá frenando desahucios, negociando con los bancos daciones en pago y alquileres sociales, y presentando escritos en los juzgados para pedir la nulidad de los desalojos. En este sentido, valora la aprobación por parte del Gobierno andaluz del decreto para frenar los desahucios, que, entre otros, prevé sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen sus viviendas vacías. "Es un primer paso pero desde luego no lo resuelve todo", estima Colau.
'Primavera caliente' Con la mirada puesta en la protesta ante el Congreso prevista para el día 25, el Gobierno y las fuerzas de seguridad afrontan con preocupación una primavera caliente en la calle. El Gobierno se enfrenta el día 25 a la primera gran cita ciudadana de protesta de la primavera. La plataforma 25-S rodea el Congreso se estrenó en septiembre pasado con una movilización que se desarrolló de forma pacífica, aunque finalmente derivó en incidentes con una treintena de detenidos y más de sesenta heridos. También ahora la coordinadora pretende "asediar" la Cámara Baja hasta conseguir que se disuelvan las Cortes Generales y se realice un nuevo proyecto constituyente. Una convocatoria que preocupa especialmente al Gobierno y a las fuerzas de seguridad, cuyos servicios de información trabajan a destajo para rastrear en las redes sociales cualquier elemento distorsionador de una movilización que, a priori, también se antoja pacífica.
No es ajeno el Gobierno el descontento social que está provocando la crisis y a que la única vía que tienen los ciudadanos de canalizarlo es salir a la calle. Sin embargo, le ha sorprendido el fenómeno de los escraches. ¿Quién impondrá los límites? Según la instrucción definitiva de Interior, será el mando policial al frente del operativo quien establezca el perímetro, aunque en la práctica no se podrá determinar de forma previa toda vez que los escraches son actos improvisados.
