vitoria. El Parlamento de Cantabria prohibió el pasado lunes la práctica del fracking en toda la comunidad. El veto, que afecta a los permisos ya concedidos, a los que están en tramitación y a los que se puedan solicitar en el futuro, contó con el voto favorable de las tres formaciones presentes en la Cámara regional: el PP, que gobierna la región; el Partido Regionalista de Cantabria; y el PSOE. La decisión del Legislativo de Santander sigue a otras similares como la adoptada en Galicia, aunque fue en la comunidad vecina donde un Gobierno autonómico se pronunció por primera vez de forma rotunda contra la práctica de la fractura hidráulica. Y ello a pesar de que es del PP, el mismo partido que gobierna en el Estado y cuyo ministro de Industria, José Manuel Soria, admite sin reservas su apuesta por esta técnica de extracción de gas natural de la roca. En Castilla y León, donde también gobiernan los populares, por ejemplo, hay incluso un permiso de explotación autorizado.
Desde Fracking Ez Araba se valoraba ayer positivamente la decisión de Cantabria de vetar la fractura hidráulica, aunque desde la cautela. "Tenemos varias lecturas. Con respecto a cómo están las cosas aquí lo consideramos un paso adelante muy importante. Está claro que las instituciones han hecho caso a eso que llaman el clamor popular, que ha empujado al Gobierno del PP a dar esos pasos. Nuestra labor institucional está encaminada a conseguir que las cosas vayan por ahí", afirmaba ayer a este diario el portavoz del colectivo, Mikel Otero.
"Por otro lado -continuaba- estamos en contacto con el movimiento de allá y nos dicen que están un poco asustados por la posibilidad de que esto pueda terminar impugnado por el Gobierno central y el de Cantabria se pueda lavar las manos. Existe el riesgo, pero creo que es adelantar mucho los acontecimientos". Más palpable es el temor que el movimiento contrario a la fractura hidráulica en Cantabria ha trasladado a Fracking Ez Araba con respecto a la redacción de la ley aprobada el lunes. El texto plantea la prohibición mientras no se demuestre la inocuidad de esta práctica para la salud humana y para el medio ambiente, lo cual abre la puerta a que un día pueda levantarse el veto.
La sospecha del movimiento conservacionista cántabro se basa en que el Gobierno cántabro no ha echado atrás el permiso Arquetu, el único sobre el que tiene competencia por estar ubicado en su totalidad dentro de los límites de la comunidad. Hay que tener en cuenta, resalta Otero, que la retirada del permiso no supondría coste alguno en indemnizaciones para la Administración, pues aún no se ha realizado ningún trabajo.
Mientras, en Álava la exploración del yacimiento Enara se encuentra en un nuevo proceso de tramitación, por lo que al menos hasta 2014 no cabe la posibilidad de que se perfore el subsuelo por debajo del acuífero de Subijana. Por otro lado, tras el cambio de Gobierno en Euskadi los nuevos gestores afirman renunciar a esta técnica hasta que no sea segura desde el punto de vista medioambiental, aunque se mantiene en vigor la tramitación del permiso Enara a través de Shesa.
30.000 firmas Por su parte, Fracking Ez Araba ha logrado que se admita a trámite su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue la prohibición de la fractura hidráulica en la CAV, después de que en primera instancia la Mesa del Parlamento Vasco rechazara debatir este texto en la Cámara. El colectivo necesita reunir 30.000 firmas para poder dar carta de legitimidad a su propuesta.
El Legislativo vasco, por otro lado, debatirá una proposición de Ley de las Juntas Generales alavesas -la que motivó el primer vetó a la ILP por tratar ambos textos, a juicio de PP y PNV, cuestiones similares- que plantea la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza. El propósito es prohibir la práctica del fracking en espacios protegidos, mientras que la ILP extiende el veto a toda la Comunidad Autónoma Vasca.
