vitoria. El Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco dispondrá este año de un presupuesto cercano a los 213 millones de euros, que, aunque es un 7,9% inferior al de 2012, permitirá mantener todos los programas en vigor y garantizar, entre otros derechos básicos, la atención a los menores y la asistencia jurídica gratuita.

El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, detalló ayer en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco las partidas presupuestarias con las que contará su Departamento este año. Así, especificó que el área de Justicia sufrirá un recorte del 5% y dedicará el 73,3% del presupuesto -156,3 millones- a financiar los recursos y servicios a la ciudadanía.

En concreto, Erkoreka señaló que la dotación para garantizar la asistencia jurídica gratuita de las personas con menos recursos asciende a 9,8 millones de euros, a los que se suman 160.000 euros para la creación, por primera vez, de un fondo para contribuir a la financiación de las actuaciones de los letrados en los llamados casos fallidos. Otra aportación relevante, de 12,8 millones, es la destinada a la reinserción social de los menores infractores, tarea que llevan a cabo fundamentalmente los siete centros residenciales de menores que el Gobierno Vasco tiene en los tres territorios. La atención y defensa jurídica de las mujeres víctimas de violencia doméstica o agresiones sexuales contará con 1,6 millones. Y los puntos de encuentro familiar, con 1,4 millones.

Según el desglose de partidas presentado ayer por el consejero, al margen del capítulo de personal, la mayor parte del presupuesto del Departamento, 28,7 millones, va dirigido al funcionamiento de los recursos materiales de los palacios de justicia.

administración pública El área de Administración Pública estará dotada de 43 millones y su partida más importante, 13,3 millones, se corresponde con la atención a la ciudadanía y a la innovación en la Administración Electrónica Vasca. Prácticamente todas las partidas sufren recortes, excepto la destinada a la normalización lingüística, que sube un 3,8% con respecto a 2012 y asciende a 13 millones. Josu Erkoreka señaló que este incremento se debe a que todos los traductores del Ejecutivo pasan a depender de Administración Pública, mientras que hasta ahora estaban adscritos a diversos departamentos.

Una de las áreas que más ve bajar su dotación es la que se centra en costear las relaciones institucionales del Gobierno Vasco. Los 2,3 millones de euros que contempla el proyecto para este fin suponen una rebaja del 67,9%.