Cuando en el ejercicio de la política se intenta quitar una mancha de mora con otra, es probable que la institución acabe pringándose hasta el cuello. El gabinete de Javier Maroto se enfrenta a una de ésas a cuenta del culebrón del 010. De querer rescindir la relación con la empresa SIC para que los trabajadores de la casa asumieran las labores de atención ciudadana, pasó a paralizar el plan por un año y al final ha acabado fichando a tres de las subcontratadas que al principio estaban en la cuerda floja como si fueran funcionarias. El remate. El procedimiento en sí y sus formas han desatado el enfado de muchos de los empleados municipales que un día se enfrentaron a duros exámenes para acceder a un puesto o para formar parte de una bolsa temporal. "Han entrado por la puerta de atrás", dicen trabajadores consultados por DNA. Sin casi exigencias, con dos pruebas "ridículas", en un proceso destinado sólo a ellas. La recogida espontánea de firmas iniciada en contra de esta medida visibiliza la rabia general y echa humo.
En realidad, el equipo de gobierno nunca renunció a su plan para que los oficiales de control se encargaran de las labores de atención ciudadana que realizaban las trabajadoras de SIC. Pero lo maquilló para zanjar la huelga de las subcontratadas y lograr el apoyo presupuestario del PNV, dejando en stand-by el futuro de estas mujeres por un año. Poco después, ante las exigencias para racionalizar el servicio sin despidos, creó una lista de contratación para que esas trabajadoras cubrieran las bajas temporales de los oficiales de control. Y, al mismo tiempo, habilitó una segunda, la de la polémica, de técnicos de gestión e información ciudadana, con el propósito de fichar a dos de estas mujeres como coordinadoras, que al final fueron tres. Esta ultima decisión la anunció el PP hace unos días como una modificación del acuerdo con SIC, que suponía reducir en 37.798 euros el pago que el Consistorio realiza a la empresa. Pero en realidad, dicen los funcionarios, "ocultó la creación de esas tres plazas del grupo B, que suponen un coste de unos 100.000 euros".
Los funcionarios acusan al equipo de gobierno de haber obviado que la bolsa de contratación se creó ex profeso "para funcionarizar a las coordinadoras de la subcontrata, lo cual vulnera todos los principios de acceso a función pública habidos y por haber". "¿Desde cuándo se internaliza, como ellos dicen, contratando a gente de fuera?", inquieren. Además, advierten de que el proceso de esas bolsas de contratación "no tiene desperdicio", a tenor de las bases establecidas, de los exámenes llevados a cabo y de la importancia concedida al perfil lingüístico de las aspirantes. "Estamos muy quemados", señalan los empleados, "ya que mientras se rescinden contratos de programa ocupados por personas que han tenido que enfrentarse a un duro procedimiento selectivo, meten por la puerta de atrás a amiguitos".
Las bases han alimentado la polémica por su singular "restricción". Para participar en el proceso para ser coordinador era necesario una experiencia mínima de un año, contabilizada a partir del 1 de septiembre de 2010, justificada en "servicios integrales de atención ciudadana en Vitoria-Gasteiz, como agente de información, responsable o similar". Dicha acreditación debía realizarse mediante certificado de la administración o, en su caso, de SIC. Pero no se consideraban como tales los puestos genéricos de administración o de conserjería que conllevan atención al público, al calificarse éstos de atención especializada y no integral. "Así que sólo podían concurrir los contratados... ¡Por una empresa privada!", denuncian los funcionarios.
Las pruebas del proceso selectivo poco tuvieron que ver con las de una oposición al uso. La primera fue teórico-práctica, "no especificaba temario alguno" y constaba de dos preguntas "muy básicas" para quienes ejercían hasta ahora labores del 010 y de atención a la ciudadanía en los centros cívicos. La respuesta a la otra "sólo la podían conocer quienes trabajan en la oficina de Olaguíbel mano a mano con la jefa de atención ciudadana, miembro del tribunal, por cierto". Y la superaron cinco. El segundo examen consistió "en una dinámica de grupo". Al parecer, desvelan los funcionarios, "simularon una reunión de vecinos y cada candidata debía defender una postura".
Finalizado el proceso de selección, se aplicó la baremación de méritos en función del perfil lingüístico. Por el PL1 se otorgaban dos puntos, tres por el PL2 y cuatro por el PL3. Ninguna de las aspirantes, sin embargo, poseía el nivel que exige la Administración. De hecho, las tres personas finalmente contratadas de forma directa por el Consistorio "sólo tienen el PL1, "cuando en el Ayuntamiento de Vitoria y en las administraciones vascas en general los puestos de atención a la ciudadanía deben ser en teoría bilingües".
Para los funcionarios que ya se han movilizado, "esta situación es inconcebible". Por eso, y aunque tanto ELA como CCOO han recurrido el plan de racionalización de atención ciudadana, no han dudado en publicitarla. Más aún cuando, mientras tanto, el PP evita las sustituciones en los puestos de limpieza de los centros educativos y ejecuta despidos en los servicios sociales de base con la justificación de que hay que adaptarse a la crisis económica.
