VITORIA. El futuro de los trabajadores sociales de base de Vitoria que iban a ser despedidos sigue pendiendo de un hilo. El gabinete de Javier Maroto dio un paso atrás en su decisión de no renovar seis contratos de programa -cinco al final, porque el sexto es baja por incapacidad-, tras los dos informes secundados por la plantilla en contra de la decisión del PP y la presión de toda la oposición, especialmente de su socio presupuestario. No obstante, aunque ayer la concejal Ainhoa Domaica reiteró que las rescisiones "están en suspenso", defendió "una reorganización" del modelo actual.

En cuestión de días se conocerá la decisión final del equipo de gobierno, ya que el 31 de marzo terminan los contratos. La concejal de Servicios Sociales, obligada a dar explicaciones por la comparecencia solicitada por el PNV y Bildu, quiso mostrar una cierta disposición al diálogo. No obstante, se negó a aceptar lo que para el resto de partidos y los trabajadores es obvio: que la opción de los despidos responde a criterios economicistas. Domaica defendió que su propuesta sólo supondría "una jornada y media menos de un trabajador social y una jornada menos de un administrativo", y llegó a calificarla como "una mejora" del sistema. Por contra, la plantilla y la oposición tienen claro que conllevaría una sobrecarga de trabajo ahora que más gente acude a los servicios sociales con problemas más complejos.

Como pudo, Domaica intentó justificar el método seguido para acabar marcando en rojo a seis trabajadores. Según dijo, se hizo una limpieza de expedientes, consiguiendo desprenderse de 1.744. Después hubo una clasificación de los existentes en función de su intensidad. Y fue así como se tomó la decisión de plantear la finalización de dos puestos de atención directa y tres de atención indirecta, "equilibrando" las cargas de trabajo. Además, aseguró que si el criterio hubiera sido el de ahorrar dinero, el Ayuntamiento tendría que haber echado a mucha "más gente a la calle". Pero entonces, ¿por qué justo a continuación aseguró que "no es agradable" tomar ciertas decisiones, pero hay que hacerlo "en momentos delicados económicamente"?

La concejal puso muy fácil el discurso a la oposición, que coincidió en que los servicios sociales de base son uno de esos ámbitos intocables que no deben sufrir jamás la tijera. El PNV exigió que nadie se vaya a la calle, pidió que los informes que se elaboren para reorganizar la estructura respondan realmente a criterios objetivos, aseguró que el proceso participativo que el equipo de gobierno dijo seguir "estuvo viciado" y abogó por "reforzar" los servicios sociales de base. Los jeltzales trataron de ser contundentes para despejar las posibles dudas que suscita su posición como socio presupuestario. Bildu, de hecho, sigue sospechando que los despidos entraban en el pacto.

La coalición abertzale advirtió de que los seis contratos de programa responden a funciones estructurales, denunció la decisión "unilateral y no justificada" del equipo de gobierno, lamentó "la mala relación" de la dirección con los trabajadores, insistió en la grave afección que esos despidos podrían tener en la calidad del servicio y demostró que ya se están mandando las cartas de cese -aunque el PP atribuyó este gesto a la necesidad de cumplir la normativa por si finalmente se llevaron a cabo los despidos-. El PSE se sumó a todas esas críticas y concluyó que el gabinete Maroto se está "cargando" un modelo que funciona.

limpieza sin sustituciones Quien no tiene problemas para reconocer que los criterios económicos pueden responder a ciertas decisiones sobre la plantilla es el edil de Hacienda y Función Pública, Manu Uriarte. Bildu había pedido su comparecencia, tras advertir cómo la decisión de Alcaldía de que no se cubran las bajas en el servicio de limpieza de edificios municipales está conllevando sobrecarga de trabajo y una merma en la calidad de la labor realizada. Una situación "inaceptable", a su juicio y al de la oposición, especialmente para las instalaciones educativas. El concejal cree que no llega a tal límite la problemática, pero admitió que "ante la necesidad de ahorrar hay que adaptarse".