Vitoria. Dicen que la calle es una selva de cemento. Pequeños y a veces imperceptibles peligros acechan, por desperfectos o descuidos. En muchas ocasiones quedan en un susto o poco más, como el que se llevó Patricia hace un mes cuando se disponía a salvar los escasos cien metros que separan la sede vitoriana de Lanbide del hospital de Txagorritxu. Trastabilló con una baldosa rota y cayó al suelo, hiriéndose la muñeca, la mano y la rodilla izquierdas. En otras, no obstante, las consecuencias pueden ser funestas. Nadie olvida el sobrecogedor caso de Emilia, aquella señora que falleció en 2008 tras tropezarse con una manguera en la Plaza de la Virgen Blanca. Como la loseta, ese obstáculo no debía estar ahí. Por eso, su familia reclamó. Es un derecho que todo ciudadano tiene cuando cree que la responsabilidad corresponde a la Administración.

Las denuncias que el Ayuntamiento de Vitoria recibe anualmente se cuentan por cientos, aunque en los últimos cinco ejercicios se han reducido prácticamente a la mitad. Fueron 462 en 2008 y bajaron a 213 en 2012. El equipo de gobierno atribuye la línea descendente a que el volumen de obras en la calle, causa de la mayoría de accidentes, ha disminuido tanto por la crisis económica como por la consolidación de los nuevos barrios. Además, la incorporación de criterios más exigentes desde el año 2010 en el proceso de presentación de las demandas ha podido desanimar a los ciudadanos a plantar cara al ejecutivo local.

Lo que no cambia es la tendencia del Consistorio a desestimar la mayoría de ellas. De esas 213 registradas el año pasado, la Administración municipal rechazó 133, ya fuera porque el afectado no respondió en el plazo marcado, porque el proceso se paralizó por causa imputable al ciudadano o por su renuncia voluntaria. Por contra, sólo aceptó 13: de éstas, 9 por estimación total y 2 por parcial, mientras que las otras 2 fueron abonadas por la empresa contratista. Y a esta ensalada de números hay que sumar las restantes 67 reclamaciones, que todavía están pendientes de resolver.

Quienes quieran pelearse en los tribunales también pueden hacerlo. Es la manera de probar con una vía distinta a la administrativa, que es difícil que dé la razón al ciudadano. En 2012, ocho vitorianos se decantaron por lo contencioso después de que el Ayuntamiento desestimara su demanda de indemnización. Una de ellas culminó con satisfacción extraprocesal, lo que significa que el ejecutivo local alcanzó un acuerdo con el demandante fuera de los juzgados. Las otros siete siguen pendientes de sentencia. A diferencia del procedimiento municipal, la respuesta a través de los tribunales puede tardar más de un año. De hecho, desde 2008, todavía renquean 19 expedientes.

Curiosamente, aunque las reclamaciones hayan descendido a lo largo de los últimos ejercicios, el gasto en indemnizaciones se mantiene en niveles similares e incluso superiores. En 2012, el Consistorio abonó 300.750 euros, frente a los 373.979 de 2009, los 218.203 de 2010 o los 172.424 de 2011. Y eso que del año pasado todavía quedan pendientes de respuesta el 30% de las quejas presentadas ante la Administración. Según el equipo de gobierno, esta circunstancia se explica por la resolución de casos procedentes de ejercicios anteriores. Y así tiene que ser, a tenor de los datos, ya que de esos 300.750 euros, sólo 51.686 llegaron de la vía administrativa, mientras que los restantes 249.072 corresponden a importes abonados por indemnizaciones a través de procesos judiciales.

De todas las motivaciones que pueden suscitar este tipo de reclamaciones, la principal es el estado de la vía pública. De las 213 demandas tramitadas el año pasado, 82 correspondieron a este concepto. La segunda causa, ya a una gran distancia, fueron los daños a terceros por el funcionamiento de los servicios públicos (saneamiento, limpieza viaria, alumbrado...), que aglutinaron 30 expedientes. La lista sigue con daños a terceros por actividades en instalaciones municipales (16 reclamaciones), caídas de ramas (15), estado de las arquetas (14), estado de los elementos del mobiliario urbano y señalética (9), objetos de riesgo en la vía pública (9), obras y reparaciones en la calle (7), daños por fenómenos meteorológicos (7), daños por especies cinegéticas (7), por operaciones de servicios como Bomberos y Policía (4), y en vehículos por la grúa (4).