vitoria. Borja ha pasado el fin de semana en seco, al no poder usar las piscinas del centro cívico Ibaiondo. Sara se preguntaba al levantarse si perdería dos de sus clases de aérobic, las que disfruta los martes y jueves. Sus nombres se suman a la larga lista de usuarios que durante los últimos cuatro días se han visto afectados por la huelga de los oficiales de control de las instalaciones municipales de Vitoria. Sólo Aldabe, Iparralde, Mendizorroza, Gamarra y los Kirol Klub han llegado a levantar sus persianas, y eso que el equipo de gobierno se atrevió a vaticinar que la huelga no contaba con el suficiente respaldo. Finalmente el enfrentamiento ha llegado a buen término. Hoy, toda la red de centros cívicos y polideportivos de Vitoria abrirá sus puertas con normalidad. Tras dos reuniones ayer, una impulsada por el propio alcalde y otra con el concejal de Función Pública, ambas partes llegaron a un acuerdo.

El conflicto con los conserjes y oficiales de control en las instalaciones municipales, por tanto, no llegará a enquistarse como ha sucedido con otros servicios y el alcalde Javier Maroto se comprometió a mantener sus puestos de trabajo.

Tal vez es que el órdago era necesario para que los oficiales de control recibieran del gabinete Maroto ciertos compromisos. Su principal queja era la destrucción de empleo público que, a su juicio, conllevaba el plan para que los oficiales de control asumiesen las labores que ahora realizan las subcontratadas de SIC. Según había advertido el comité, "no estaba garantizada" la continuidad de los contratos programa ocupados por aquellas personas que no se hubieran presentado al examen necesario para cubrir estas funciones o que lo hubieran suspendido. Una situación en la que se encontraban "veinte personas". Y ése fue el punto que finalmente se desenquistó ayer.

ningún despido Antes de la doble reunión, el alcalde ya había defendido que no se iba a eliminar "ningún puesto de trabajo" e insinuó que si los trabajadores decían lo contrario era porque el comité no había trasladado correctamente la información a los afectados.

Los sindicatos rechazaron esta teoría, ya que "siempre ha habido" empleados en las negociaciones y tras las conversaciones de ayer celebraron el "cambio de postura" del gobierno. "Hemos alcanzado un principio de acuerdo que incluye la no destrucción de empleo", anunció el comité de empresa. Maroto, por su parte, reiteró tras la desconvocatoria de la protesta que "nunca" se habían barajado despidos. No obstante, valoró la actitud de los trabajadores y, sobre todo, el resultado final de las negociaciones.

A partir de ahora, continuarán las conversaciones para seguir depurando los aspectos que han quedado pendientes de acuerdo. Uno de ellos es el calendario. En lo que sí parece que habrá entendimiento pronto es acerca de la necesidad de que el Ayuntamiento cuente los méritos de los oficiales de control tanto fijos como interinos para que puedan promocionarse presentándose a las ofertas públicas de empleo. El gobierno aseguró que va a elaborar un plan de carrera.

Los miles de gasteiztarras que se han visto perjudicados por la huelga, con el cierre de casi todas las instalaciones y la suspensión de decenas de actividades, no recuperarán el dinero proporcional a estos cuatro días de impasse. Dijo ayer el alcalde, antes de que se celebraran esas dos reuniones, que "la cuestión no es devolver la cuantía, sino resolver algo que muchos ciudadanos no entienden", un enfrentamiento con la administración pública que él cree que no se daría en la empresa privada con las condiciones que el equipo de gobierno había puesto sobre la mesa para seguir con el plan de ordenación de la atención ciudadana. Maite, sin embargo, cree que tiene derecho a contar con la parte proporcional a los 87 euros que paga como abonada a los centros cívicos. También Elisa, que apoquinó 31 por su curso deportivo. "¿Por qué hemos de pagar los ciudadanos por un conflicto que el Ayuntamiento no ha sido capaz de resolver antes de llegar a esta situación?", se preguntaron.