Vitoria. Los avances logrados por las personas con discapacidad física en favor de una sociedad más inclusiva no han sido fruto de la casualidad, sino de un trabajo persistente de control a la labor de las instituciones. De tocar sus puertas, molestar, reivindicar y cuestionar sus decisiones. Así, por ejemplo, se ha conseguido una Álava cada vez más accesible, con menos barreras arquitectónicas, y ha salido adelante un buen número de normativas que tienen en cuenta las especiales necesidades de este colectivo. Queda un largo camino por delante, pero sin esos pequeños pasos dados hasta el momento no sería posible pensar en un futuro de plena igualdad de oportunidades, donde se rompan esas cadenas que con tanta fuerza sujetan sus ruedas. "Nuestro trabajo es imprescindible, necesario, para garantizar los derechos de las personas con diversidad funcional", argumenta Silvia Apodaka, presidenta de Eginaren Eginez.
Estas palabras cobran mayor relevancia en el actual contexto de recortes, que pone en riesgo la mínima calidad de vida de este colectivo. La Diputación alavesa ha reducido en un 54% el convenio que mantenía con Eginez -hasta los 40.000 euros- y muchas de las acciones que la asociación ha podido realizar hasta ahora se verán seriamente amenazadas. La cantidad no se ha quedado a cero gracias al acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV sobre la prórroga presupuestaria, y al menos ha podido asignarse esta partida todavía insuficiente a ojos del colectivo. "Para la asociación es un varapalo", asegura Apodaka. Ayer, varios de sus miembros entregaron en el Registro General de la Diputación 3.416 firmas ciudadanas de apoyo para exigir el restablecimiento del convenio en su totalidad.
No es fácil sufrir una discapacidad física y carecer de un servicio de asesoramiento y atención cercano para resolver los pequeños problemas del día a día. Acciones cotidianas, corrientes, para una persona que no sufre esta limitación pero que se erigen en barreras casi insalvables para quien sí la padece. El tijeretazo impedirá, por ejemplo, mantener en su puesto a la administrativa que hasta ahora trabajaba dos horas diarias con Eginez y pone en riesgo también la continuidad a tiempo completo de su trabajadora social.
aval de los técnicos Los técnicos institucionales siempre han avalado que Eginez cuente con estas figuras profesionales para sacar adelante su difícil trabajo y no cargarlo todo sobre las espaldas de los voluntarios. "A partir de ahora no vamos a poder acudir a todos los foros a los que antes llegábamos. Con menos recursos, nuestro trabajo se va a resentir", añade Helena Espizua, otra integrante de Eginez afectada por diversidad funcional. "Siempre hemos sido muy colaborativos, haciendo aportaciones cuando se crean ordenanzas y otras normativas para que se tenga nuestra visión", añade Apodaka. La merma de recursos obligará al colectivo a reorganizarse, a trabajar contrarreloj y a carecer del soporte técnico de las profesionales que hasta ahora han tenido en nómina. "Nuestra línea asociativa no va a cambiar. Somos una plataforma reivindicativa e independiente, pero nuestra estructura sí se va a ver afectada", lamenta Espizua.
Esa fundamental labor de intermediación entre los afectados y la Administración se resentirá "inevitablemente", lo que hará más difícil transmitir a los representantes políticos nuevas carencias y barreras que vayan surgiendo. Uno de los mayores logros de Eginaren Eginez durante los últimos tiempos ha sido que los niños discapacitados participen en igualdad de condiciones en las colonias de verano que impulsan instituciones como la Diputación. "Los guetos siguen existiendo, pero luchamos para que no se creen más", apunta Apodaka.
Los retos, las preocupaciones de Eginez siguen siendo "las de siempre". No varían, a pesar de que existe una Ley de Accesibilidad que no siempre se tiene en cuenta. "Nos preocupa que se estén concediendo licencias a establecimientos que no son accesibles, que se abra el palacio de Escoriaza-Esquível como sede de la Green Capital y tampoco lo sea, que el Buesa Arena no cumpla con unos requisitos mínimos...", enumera Apodaka. Pero hay mucho más. El transporte es otro de esos ámbitos que genera quebraderos de cabeza a las personas con discapacidad. Aunque la situación haya mejorado con el tiempo en el transporte público de Gasteiz, obviando los problemas que ha generado el tranvía desde su puesta en marcha, el interurbano sigue sufriendo "muchas carencias", incluso para desplazarse entre las propias capitales de la CAV. Por no hablar de desplazarse a Madrid o a localidades más lejanas.
el debate sigue abierto La recuperación total del convenio con el ente foral no es todavía una batalla perdida para los miembros de Eginez. Otra decisión política, por ejemplo, permitió restablecer recientemente el 90% del convenio que el colectivo mantenía con el Ayuntamiento de Gasteiz para contratar un servicio de asesoría jurídica, un pacto que en principio el tijeretazo municipal también se había llevado por delante. "Esto nos ha servido para evidenciar que la presión pública es imprescindible", argumenta Espizua. Desde que se conocieron los distintos recortes institucionales, las movilizaciones de Eginez para reclamar sus derechos han sido incesantes. "De la misma forma que esto ha sido una decisión política, pedimos que otra decisión política restablezca el convenio. Seguiremos denunciando la vulneración de nuestros derechos siempre con la legislación en la mano", añade. No creen que sólo sea una cuestión de recorte de derechos sociales, porque a día de hoy "los derechos humanos básicos no están garantizados para algunas personas que integran nuestro colectivo".
Este próximo lunes el debate se trasladará a las Juntas Generales, donde se debatirá una moción para recuperar la totalidad del convenio. Una oportunidad, según Eginez, para que "cada partido político se retrate y demuestre si de verdad apoya una Álava en la que no haya maltrato institucional hacia ninguna persona por el hecho de tener una discapacidad".
Lógicamente, la recuperación del 46% del convenio foral ha servido para poner algo de freno a la "incertidumbre" que asaltaba al colectivo, pero tanto Silvia como Helena creen que la Diputación ha utilizado distintas varas de medir a la hora de atender a una u otra situación. El descenso de la recaudación de la Hacienda foral ha sido de un 9%, muy lejos de ese 54% que ha sufrido el convenio. Por el momento, para más inri, Eginez no tiene ninguna información oficial por parte del Instituto Foral de Bienestar social ni de la propia Diputación sobre cómo se va a materializar este acuerdo.
