Madrid. Mapfre, la aseguradora de Spanair, ha ofrecido 12,7 millones de euros en indemnizaciones a las víctimas del vuelo JK5022 que se estrelló en el aeropuerto madrileño de Barajas el 20 de agosto de 2008, en el que fallecieron 154 personas, entre ellas el navarro José Joaquín Pérez de Obanos, y 18 resultaron heridas graves.
La oferta figura en un escrito que Mapfre presentó este mes ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que investigó el caso, tras el archivo de la causa penal por el siniestro aéreo y pretende evitar que los afectados tengan que acudir a un nuevo procedimiento civil para reclamar las indemnizaciones que les pudieran corresponder por la pérdida de sus familiares. El abogado de tres familias, Carlos Villacorta, ha expresado la indignación de los afectados ante la oferta "insultante" de Mapfre que este año obtendrá unos beneficios de 1.000 millones de euros "a costa de pagar lo menos posible a las víctimas de sus asegurados".
Villacorta ha precisado que sus clientes han interpuesto una demanda civil que tramita el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona contra Spanair, como transportista, y Mapfre, como aseguradora, para plantear sus reclamaciones. La compañía ha calculado las indemnizaciones de acuerdo con el baremo de accidentes de tráfico, un sistema de valoración del daño que el letrado de los perjudicados ha calificado de "obsoleto".
La pretensión de Mapfre "está fuera de lugar" y busca "seguir engordando su cuenta de resultados", según Villacorta, quien ha mostrado su oposición a la aplicación del baremo a "grandes catástrofes" como este accidente aéreo, el más grave de los últimos veinticinco años en España.
El baremo no tiene en cuenta el sufrimiento de los familiares por las dificultades de identificación de los cadáveres, el luto, las secuelas del duelo o la pérdida de relaciones afectivas, de distinta intensidad y duración en el tiempo en cada caso, ha explicado el abogado.
La aseguradora ha hecho el ofrecimiento a cambio de que los afectados renuncien "para siempre" a ejercer acciones civiles y penales contra Spanair, SAS, Mapfre, Boeing, McDonnell Douglas, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y la Dirección General de Aviación Civil, así como contra cualquier entidad que pudiera resultar responsable por este siniestro.
Villacorta ha señalado que hace ya cuatro años Mapfre tendría que haber cumplido con su obligación legal de ofrecer las indemnizaciones a las familias -sin otra contrapartida que la firma de un recibo a título de anticipo-, dejando que los tribunales resolvieran con posterioridad si eran suficientes o no.
La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera, ha manifestado que la propuesta de Mapfre es "una trampa que trata de aprovecharse de la situación de extrema debilidad de las familias".
"ofensivo y muy doloroso" Vera ha considerado "ofensivo, ruinoso y muy doloroso" que Mapfre tan solo ofrezca 12,7 millones a los familiares de las víctimas y a los supervivientes, cuando la póliza contratada por Spanair asciende a 1.500 millones de euros. "Sale más barato pagar indemnizaciones que invertir en seguridad aérea", ha apuntado Vera, quien ha resaltado que "es incomprensible que Mapfre pretenda desprenderse de sus responsabilidades contractuales con esta limosna por la vida de los personas".
La compañía muestra su disposición al diálogo con los familiares de los fallecidos en el vuelo y con los lesionados con el objetivo de lograr un acuerdo extrajudicial de indemnización, con una propuesta global que no llega al 10% de la cobertura de la póliza.
Por ello, consignará 12,7 millones de euros en una Notaría de Barcelona, aunque aquellos perjudicados que no tengan su lugar de residencia en la ciudad condal dispondrán de los datos de un notario cercano a su lugar de residencia.
