Madrid. El tasazo, tramitado con carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado. La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros y los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.
Esto significa que recurrir una multa de 100 euros impuesta de forma injusta tendrá un coste de doscientos euros en tasas judiciales. O, por ejemplo, reclamar una factura errónea de teléfono, luz o gas por valor de 80 euros supondrá al cliente otros doscientos euros en tasas.
Otra de las nuevas situaciones que podrían generarse con la entrada en vigor de esas tarifas es que un divorcio ordinario tendrá un coste de 300 euros más el porcentaje sobre los bienes. En el caso de que se trate de un divorcio con reclamación de pensión de doscientos euros mensuales, el ciudadano tendrá que abonar 812 euros hasta el recurso de apelación, detallaban fuentes judiciales. Del mismo modo, un trabajador que decida recurrir un despido improcedente tendrá que pagar 500 euros.
Ante este panorama, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, insistía en que el tasazo de Gallardón provocará una "desigualdad entre aquellos que tengan una situación económica desahogada que van a poder seguir interponiendo los procesos que deseen y los miles y miles de personas de la clase media que van a tener una absoluta indefensión por no poder acceder a la Justicia. "cuántos ciudadanos van a ir a interponer recursos contra las sanciones económicas, si la sanción es de 200 euros y la tasa que tienen que abonar previamente son 200 euros".
