Vitoria. En cuanto este domingo toque a su fin, la central nuclear de Santa María de Garoña dejará de producir electricidad. ¿Para siempre? Todo apunta a que sí aunque, pese a que Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, dejó ayer ver que su decisión es irreversible al renunciar a seguir con los trámites para lograr la prórroga de su actividad más allá de julio de 2013, cuando está previsto el cierre definitivo, lo cierto es que cabe la marcha atrás. Todo depende de cómo se interpreten los movimientos que las grandes compañías eléctricas están llevando a cabo en los últimos meses. La paralización de la actividad de la planta tiene como objetivo poder sacar todo el combustible del reactor, y meterlo en la piscina de residuos ya utilizados antes del 1 de enero, lo que permitiría a Nuclenor ahorrarse muchos millones de euros en impuestos.
Con la llegada del nuevo año entrará en vigor la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, un polémico texto del Ministerio de Industria inspirado en el mantra del Gobierno del PP de obtener ingresos para el Estado de donde sea. Incluso de las empresas energéticas que tanta sintonía tuvieron en el pasado con los poderes ejecutivos españoles y que incluso han colocado en sus organigramas, con suculentos sueldos, a expresidentes y ex ministros.
Si las barras de uranio siguieran dentro del reactor tras la Nochevieja, Nuclenor tendría que abonar 150 millones de euros en impuestos, a razón de 2.190 euros por kilogramo de uranio y plutonio, una cantidad que, con el cierre en julio de 2013 en el horizonte, a la empresa se le antoja inasumible. ¿Quiere eso decir que el cierre de Garoña sea irreversible? El portavoz del comité de empresa de la central, José Antonio Caubillo, explica que el vaciado de la vasija del reactor, de momento, tiene carácter preventivo, en espera de ver cómo queda la Ley, que actualmente se tramita en el Senado. Nuclenor espera a conocer, concretamente, si tendrán que pagar los citados 2.190 euros por cada tonelada de combustible nuclear que hay en la vasija.
"Los asesores jurídicos de las empresas han analizado las enmiendas y han llegado a la consideración de que de momento es conveniente tener el combustible fuera del núcleo antes del 31 de diciembre hasta que se sepa si la enmienda que grava el combustible se mantiene o se corrige en algún aspecto. Hay que verlo jurídicamente con cierto sosiego -prosigue Caubillo- y durante este tiempo ya nos dirán si podemos cargar y seguir funcionando o no".
A día de hoy, por ejemplo, no está claro si el Gobierno quiere cobrar impuestos por todo el combustible del reactor o sólo por el que se vaya a utilizar entre enero y julio de 2013, aproximadamente el 25% del total. Se trata de muchos millones de euros de diferencia. Además, aunque el hecho de que Nuclenor haya ordenado la parada del reactor para esta medianoche, dada la coyuntura de incertidumbre en la que están sumidos tanto la empresa como los trabajadores, suena tajante y definitiva, es lo que se viene haciendo desde cuarenta años aproximadamente cada 24 meses, cada vez que se agota el combustible y hay que volver a recargar.
"Son operaciones habituales que te pueden llevar unos diez días; el proceso de puesta en marcha es laborioso, porque hay que hacer muchas pruebas y revisar aspectos técnicos, pero no es algo que a nosotros nos pille de sorpresa", afirma Caubillo. Durante esos periodos de recarga, la plantilla de la central aprovecha para realizar tareas de mantenimiento en zonas no accesibles. El portavoz del comité de empresa insiste en que si Nuclenor decide volver a poner en marcha el reactor no tardaría más de diez o quince días en hacerlo.
Posibles compradores Aunque seguir adelante con Garoña le saldría muy caro a Nuclenor, tanto por la nueva política impositiva del PP como por las mejoras en materia de seguridad que se vería obligada a implementar, ya ha habido quien se ha mostrado interesado en cargar con todos esos costes y hacerse con la propiedad central para producir su propia electricidad. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, Confemetal, se ofreció a adquirir Garoña en una eventual subasta, un movimiento sorpresivo pero que tiene un precedente en Finlandia. Aunque es una iniciativa contraria a la renuncia de Nuclenor a seguir operando en la planta burgalesa, su motivación es la misma. Las 100.000 empresas españolas del metal son grandes consumidoras de electricidad, y las nuevas medidas fiscales que gravarán este ámbito pueden llegar a "colapsar" el sector, augura Confemetal. De ahí que no consideren descabellado ser ellos mismos quienes produzcan la enorme cantidad de energía que precisan para desarrollar su actividad.
A día de hoy no hay cobertura legal para producir electricidad y llevarla directamente hasta el propio enchufe, por lo que la única fórmula posible es la de vender la energía a las empresas mayoristas, meterla en la red general y luego volver a comprarla.
A este respecto, Caubillo se muestra escéptico. "Nosotros hemos consultado con los propietarios, con Nuclenor, y ellos eso no lo ven viable ahora mismo. A ti el Consejo de Seguridad Nuclear te concede una licencia para operar una central nuclear y eso tiene muchas exigencias, estudios y gente con formación detrás; trasladar la empresa con la licencia no sé si jurídicamente es tan sencillo, incluso técnicamente tampoco", afirma el portavoz del comité de empresa.
Presiones contra el cierre Mientras colectivos ecologistas y ciudadanos del entorno de la central celebran el más que posible cierre de la planta, los trabajadores de Garoña, la Junta de Castilla y León y las organizaciones sindicales presionan para que siga produciendo energía hasta 2019. El pasado viernes, UGT mostraba su "respaldo a todos los trabajadores afectados directa e indirectamente en todo este proceso" y demandaba "a todos aquellos que tienen responsabilidades que sumen esfuerzos en contribuir a la continuidad de la central".
El sindicato puso de manifiesto "la necesidad y urgencia que tiene nuestro país de consensuar un nuevo modelo energético de futuro, configurado por un conjunto de estructuras legales y técnicas que garanticen el abastecimiento, la solvencia técnica y financiera de éste y la máxima independencia energética y tecnológica, mediante el aprovechamiento de los recursos propios y el desarrollo de tecnologías que generen empleo y fomenten el arraigo territorial y social. Y hasta tanto no esté concluido el nuevo modelo energético, nuestro país no debe prescindir de ninguna fuente de energía o tecnología existentes".
Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmaba el jueves que "ya es hora de que Nuclenor empiece a dar explicaciones" sobre su "capricho empresarial" de no pedir la continuidad de la central nuclear, tras afirmar que "el principio del fin" de la planta comenzó con el "capricho político" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de anticipar el cierre a 2013, a pesar del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear para su continuidad hasta el 2019. "Nos piden a todos que defendamos la continuidad de Garoña y en el último minuto no presentan la solicitud para seguir hasta el 2019", afirmó con extrañeza el portavoz, en referencia a la decisión de Nuclenor de no proseguir con los trámites administrativos para pedir la prórroga.
