VITORIA. La situación interna de la Policía Municipal de la capital alavesa empieza a acercarse a un punto de no retorno. El creciente malestar entre los agentes se ha convertido en el termómetro con el que tomar la temperatura a un cuerpo que, como ha podido constatar este diario, adolece de una política asentada y reglada de desarrollo profesional, de medios suficientes en la ejecución de tareas cotidianas e, incluso, de personal, al menos del suficiente para alcanzar los baremos sugeridos por la Unión Europea en la materia.
Todas estas carencias conforman una parte sustancial del informe interno elaborado por el actual gobierno municipal, en manos del PP, para conocer la situación de la Guardia Urbana y para guiar en el desarrollo de un cambio de modelo policial para la ciudad y al que ha tenido acceso DNA. Pero, visto lo visto y leído lo leído, el descontento actual puede quedarse en anécdota si, finalmente, se ejecutan las propuestas que recoge el citado documento y que este diario está desvelando en exclusiva desde la pasada semana.
Entre esos posibles puntos de fricción, las modificaciones que se articulan como propuestas concretas para variar las condiciones laborales de los efectivos, por ejemplo en materia de asignación de destinos o en el régimen interno con el que disciplinar a los policías o en la posible instauración de un modelo que bordee el marco tradicional de relaciones laborales al crear un órgano consultivo y decisorio sobre cambios organizativos y adopción de acuerdos sin contar con representación sindical. Al respecto, el ejecutivo local camina entre las líneas de las intenciones y de los deseos. Si pisa la de los hechos, se avecina un clima de crispación laboral difícil de soslayar, tal y como reconocieron a este rotativo fuentes policiales consultadas.
Todo lo escrito hasta la fecha responde a los postulados y propuestas del Documento base para la definición del modelo de Policía Local en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, informe con data del pasado 27 de agosto y firma del ya exdirector general del Departamento municipal de Seguridad Ciudadana, Javier Sáez Lanas. Dicho informe, cuya existencia negaron portavoces del gobierno local consultadas por este periódico, concluye que los resultados del análisis sobre la Policía Municipal son resultado del trabajo conjunto del cuerpo y del proceso de participación ciudadana abierto.
Dicho marco teórico desvela intenciones que, en el mejor de los casos, pueden recibir el apelativo de discutibles. De hecho, en el argumentario del texto que desgrana este diario aporta aspectos controvertidos como la creación de una comisión técnica permanente. Este foro debería asumir el debate de cambios organizativos, el estudio de nuevas fórmulas de trabajo o la asunción de acuerdos. La misma estaría presidida por el comisario jefe e incluiría a un subcomisario en funciones de secretario y varios vocales, figura que recaería en policías voluntarios que serían nombrados por el comisario en jefe. Dicho foro tendría deberes: sus reuniones ordinarias llegarían una vez al mes y se completarían con las extraordinarias que requirieran este tipo de convocatoria.
Toda una declaración de intenciones que podría conllevar valoraciones dispares, al menos si se tiene en cuenta que el ejecutivo local de turno se aseguraría en las actuales condiciones de precariedad en la estabilidad de la estructura del mando (un 37% de los puestos jerárquicos de la Policía Municipal está ocupado por efectivos en comisión de servicios y no por agentes primeros, suboficiales, oficiales, subcomisario o comisario con plaza adquirida en promociones internas regladas) la posibilidad de controlar efectivamente el citado órgano y de evitar disensos en él al tener la opción de nombrar o de controlar a sus componentes.
El documento da a la citada comisión técnica un valor sustancial. En concreto, le asigna la función de desarrollar las acciones previstas en el documento, es decir, la de guiar la implementación del nuevo modelo policial. Además, con esta fórmula parece evidente que la actual Mesa de Agirrelanda, en la que la dirección policial comparte discusión con los representantes sindicales de la plantilla en el tratamiento de medidas laborales y organizativas, quedaría en un plano secundario.
Aparte, el documento en cuestión aporta conclusiones significativas, como por ejemplo, que el actual modelo disciplinario dependiente, como en el resto de los departamentos municipales, del área de Función Pública, dilata en el tiempo en exceso la resolución de expedientes sancionadores a agentes o mandos. Así, dadas las circunstancias, Sáez Lanas propone la tramitación y resolución de dichos expedientes en el seno del propio cuerpo. Además, señala a la figura del director del Departamento de Seguridad Ciudadana como la elegida para la asunción de las funciones de instructor de expedientes. Y, ahí, radica precisamente, uno de los puntos que empiezan a oler a cuerno quemado a los agentes.
Fuentes policiales consultadas por este diario que prefieren mantener su anonimato consideran que la propuesta es una forma de instaurar la fórmula de juez y parte para resolver aspectos internos. Sugieren que el director es un cargo de confianza en el organigrama del gobierno municipal y que se aseguraría, de llevarse a cabo este punto de la propuesta, el control de todos los cauces internos de justicia.
La descripción del estado actual de la Policía Local de la capital alavesa que hace el documento destaca situaciones a las que descalifica por diversos motivos. En ese sentido, el redactor afirma que el actual sistema de asignación de destinos y el actual reglamento al respecto es fuente permanente de conflictos, "que ni siquiera la intervención sindical logra resolver". Ante esta evidencia, el informe desvelado por DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA asevera que "parece urgente un nuevo reglamento". Al respecto, se considera que la antigüedad no es un criterio útil para alinear las competencias de los agentes con el desempeño de sus funciones. Literalmente el texto que ha de guiar el desarrollo de un nuevo modelo policial explica que "se trata de disponer de un sistema de asignación que no deje lugar a dudas sobre el derecho de asignación persona-puesto", que sea más justo y más estable y que permita, al menos, que cada efectivo desempeñe una función y ocupe un puesto durante un plazo de cinco años ininterrumpidos.
En cualquier caso, es evidente que el documento que avanza este diario cree haber descubierto una serie de obstáculos importantes a la hora de intentar modificar el paso al servicio policial. "La Policía mantiene históricamente algunas estructuras y formas de trabajo que no responden adecuadamente a las necesidades reales de la misión que tiene encomendada o, cuando menos, genera una serie de disfunciones que deberían corregirse a la mayor brevedad". Por ejemplo, los turnos de trabajo. La idea del redactor pasaría por acabar con el actual sistema. En él, el trabajo en horario nocturno recae en un grupo fijo de agentes que lo asumen desde los criterios de voluntariedad y antigüedad, entendida ésta como años de experiencia en el cuerpo, no por la edad de los agentes. Por lo tanto, la noche estaría en manos de los agentes con más experiencia.
Sin embargo, el modelo que anhela el actual Gobierno municipal liderado por el alcalde Javier Maroto entiende que la permanencia en el horario de noche conlleva disfunciones, "que habría que corregir". A su juicio, la permanencia de los agentes en ese turno acarrearía el empobrecimiento del rol del agente, subordinado a una especialización de Policía de noche, con cometidos muy específicos en detrimento de otras áreas de conocimiento que cualquier policía tiene que mantener activas. Aparte, se produciría "el aislamiento de este colectivo de policías, al perder vínculos naturales con la organización, constituyéndose en un grupo con ciertos tintes marginales".
Las carencias del actual modelo también se dejarían ver, según el análisis aquí desvelado, "en la acumulación de policías de mayor edad para tareas que suponen un mayor riesgo para la intervención dada la naturaleza de los incidentes nocturnos, aumentando la probabilidad de daños para el agente y pérdida de eficacia policial". En cualquier caso, y aquí es donde parece residir el meollo de la cuestión, el Lanas asume que la actual distribución de cometidos es una agravio comparativo. "La antigüedad no constituye un criterio asociado al desempeño óptimo del puesto, sino más bien a un privilegio heredado de una Administración decimonónica".
Pese a tales consideraciones, el documento no hace caso a una variante correctora. Según los portavoces policiales consultados, los agentes que trabajan de noche son los más experimentados ya que han pasado por más unidades que nadie y conocen el trabajo. Aparte, señalan que quienes trabajan de noche lo hacen al respetarse los criterios establecidos en el cuerpo y que variar ahora destinos y horarios equivaldría a introducir nuevamente inestabilidad.
precariedad informática Por otra parte, el gobierno municipal sigue negando al existencia del informe publicado por este periódico. Preguntada por el PNV, la diputada de Seguridad Ciudadana, Marian Castellanos, insiste en que sólo hay sobre la mesa "un borrador" que no ha tenido ocasión de analizar, como tampoco ha leído lo que se dice acerca de la precariedad de los sistemas informáticos que, al parecer, ponen en peligro la seguridad de los archivos policiales. En este sentido, la titular de Seguridad Ciudadana recordó que durante la pasada legislatura se reservaron 300.000 euros para un nuevo software que todavía no se ha puesto en marcha.