BILBAO. Las plataformas contra los desahucios de toda Euskadi presentaron ayer un escrito ante los juzgados vascos para intentar paralizar las ejecuciones hipotecarias. El documento está disponible para los afectados en los Colegios de Abogados. Según explicó la portavoz de Kaleatzerik Ez de Bizkaia, Begoña Barrutia, el escrito está consensuado con todas las plataformas contra los desahucios del Estado. El objetivo es "la paralización inmediata de todos los procedimientos de cuestión hipotecaria de vivienda habitual y a todas las ejecuciones derivadas de ejecuciones hipotecarias donde los bancos siguen embargando las vidas a las familias que han echado de sus casas". En este sentido, las plataformas contra los desahucios han puesto el documento compuesto por ocho páginas a disposición de todos los Colegios de Abogados, sindicatos y movimientos sociales que se encargarán de facilitarlo a las personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias.

Preguntada sobre las últimos anuncios de diversas entidades financieras en paralizar los desahucios, Barrutia denunció que "de momento no se está reflejando en el día a día". "De hecho -continúa- a pesar de la comunicación que sacó la CECA diciendo que iban a paralizar los desahucios, siguen adelante y siguen presentando ejecuciones hipotecarias".

Por su parte, los alcaldes del PSE-EE retirarán los fondos municipales de aquellas entidades que ejecuten un desahucio en su municipio. El PSE-EE ha presentado una moción que llevará a todos los ayuntamientos vascos, en la que se reconocen las pocas competencias que tienen los municipios para actuar ante el "drama" de los desahucios. Entre las medidas a aplicar desde los consistorios, los socialistas apuntan las de "tomar iniciativas frente a las entidades que mantengan los desahucios, incluida la retirada de depósitos", la creación de grupos de trabajo para buscar alternativas para las familias desalojadas y orientar a quienes tienen problemas de pago de la hipoteca para que acudan al servicio de mediación del Gobierno Vasco.

Mientras, la junta sectorial de jueces de Primera Instancia y Mercantil de Palma ha decidido solicitar a los secretarios judiciales que suspendan los procedimientos de desahucio durante un mes, tras la aprobación del Decreto Ley del Gobierno que establece una moratoria de dos años para algunos casos.