PALMA. El juez quiere interrogar a Matas por sus relaciones con la entidad mercantil Over Marketing & Communication Worldwide y con su administrador, Daniel Mercado, y sobre su intervención en la financiación de dichas campañas electorales del PP balear.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Over, que está relacionada con la trama Gürtel, recibió contratos públicos amañados y con facturas infladas del Govern de Matas por un total de 3,5 millones de euros en la legislatura 2003-2007 para compensar gastos de las campañas electorales no abonados.
El dueño de Over, Daniel Mercado, confesó el pasado octubre al juez Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que pactó con Matas cobrar parte de los gastos de la campaña electoral que hizo para el PP balear en 2003 con contratos públicos del Govern durante la legislatura posterior, y explicó que cobró una parte en dinero negro, de manos del exconseller de Interior, José María Rodríguez, y del exgerente del partido y cuñado de Matas, Fernando Areal.
Matas está citado a las 11.00 horas y a las 9.30 horas acudirá a los juzgados Areal.
En relación a Areal, además de la acusación de Mercado, el sumario del caso Over incluye un informe de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que indica que pudo incurrir en un supuesto delito electoral al no declarar gastos de la campaña de 2007, de los trabajos realizados por Over Marketing, por un valor de unos 195.000 euros.
Dicho informe recoge que Over Marketing realizó trabajos para la campaña electoral del PP para las elecciones al Parlament y a los consells insulars en 2007 por valor de 216.790 euros, de los que solo hay facturas por 35.759 euros.
Además, el PP balear únicamente declaró a la Sindicatura de Cuentas pagos por 20.880 euros, algo de lo que Areal sería responsable al haber sido designado administrador electoral del PP balear en abril de 2007 para los comicios que se celebraron en mayo de dicho año.
El último en declarar hoy, a las 12.30 horas, será el presidente del Parlament balear, Pere Rotger, en relación por la firma de un contrato entre el Ayuntamiento de Inca y Over Marketing en 2008, cuando él era alcalde de la localidad.
La Fiscalía investiga el posible amaño de ese contrato, de unos 20.000 euros, por el que el consistorio encargó a Over un estudio sobre hábitos de vida en el municipio, y del que se sospecha que la factura fue inflada en unos 2.000 euros para incluir en él un curso de portavocía que la empresa dio al actual alcalde, Rafael Torres.
