Vitoria. "Deplorable y dramática". En estos tiempos que corren, ambos apelativos bien podrían derivar de un intento por definir cualquiera de las desventuras que padece la ciudadanía en esta época tan discutible. Sin embargo, se refieren única y exclusivamente a la situación de parte del equipamiento informático con el que trabaja en el día a día la Policía Municipal de la capital alavesa. La literalidad de ambos adjetivos se corresponde con la que se les otorga en un informe, que desvela en exclusiva este diario desde ayer, en el que el actual Gobierno municipal, en manos del Partido Popular (PP), establece el marco que ha de desarrollar un nuevo modelo policial para la Guardia Urbana. El documento, suscrito por el ya exdirector general del Departamento de Seguridad Ciudadana, Javier Sáez Lanas -que será sustituido en el cargo en breve por Jesús Muro- evidencia las carencias materiales y de personal de un cuerpo al que se pretende reestructurar y cambiar el paso. Y, en ambos casos, la falta de medios se hace evidente.

El Documento base para la definición del modelo de Policía Local en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presenta una realidad demoledora, lejos de aquélla que muchas veces se quiere trasladar desde el Ejecutivo popular con alharacas y marketing, por ejemplo, con su unidad de elite (GPA). En ese sentido, el informe -que data del pasado 27 de agosto- desvela circunstancias que sonrojarían a cualquier responsable. Literalmente, se desvela que "si existe un área donde las deficiencias son realmente graves es precisamente éste -por el de los soportes informáticos de la información-, hasta hallarnos ante una situación inconcebible, tanto desde el punto de vista funcional como de seguridad de la información". Tales afirmaciones devienen del análisis realizado al cuerpo y constatan que éste carece de un sistema integral para el tratamiento de la información, recurso, al parecer, disponible en cualquier departamento municipal tipo. Es más, se llega a reconocer que cada vez que el sistema se cae pone en jaque toda la actuación policial.

La descripción del software que hace el documento que está sobre la mesa de los rectores del Departamento de Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal se acerca en exceso a los matices propios de la tragicomedia. En concreto, se explica que se trabaja desde hace más de 25 años con una treintena de pequeñas aplicaciones basadas, en su mayoría, en el sistema operativo MS-DOS. El mismo documento que desgrana este rotativo define a dicho sistema como "una tecnología que dio origen al uso generalizado de los ordenadores entre la población general hace más de dos décadas".

El panorama con el que se tienen que enfrentar los agentes en el día a día se traduce en aplicaciones diseñadas de manera independiente entre sí por un agente del cuerpo con formación como técnico de Formación Profesional. Sobre el particular, el análisis realizado desde la dirección general del Departamento de Seguridad Ciudadana, regido en lo político por la edil Marian Castellanos (PP), señala a la preparación del autor para asegurar que la misma "no se haya en correspondencia" con las actuales tecnologías y necesidades organizativas.

Consultadas fuentes policiales, que prefieren mantener su anonimato, confirman tales hechos y añaden otros aún más significativos. Entre ellos, que la precariedad en este apartado se ha institucionalizado con decisiones discutibles, como la de hacer recaer el mantenimiento de los sistemas en el autor de los mismos en vez de en el Departamento municipal de Tecnologías de la Información. Al respecto, el documento elaborado a instancias del Ejecutivo local constata tales hechos y añade que la citada persona no tiene disponibilidad, "y aún teniéndola, no podría estar siempre disponible".

Otra de las taras que lastran el trabajo de los agentes es que las aplicaciones en cuestión son independientes entre sí. Es decir, una vez en una de ellas, no se pueden hacer consultas fuera de la misma, así que la información con la que trabaja el cuerpo "aparece fragmentada y no se comparte entre unidades".

El documento al que ha tenido acceso este diario aporta un ejemplo, al que da rango de realidad. El mismo hace referencia a un mal que con el paso de los años se ha convertido en endémico en el debe de la seguridad ciudadana: el robo de bicicletas en la capital. En ese sentido, el texto es claro y contundente y explica que la Unidad de Denuncias posee información relativa a los hurtos y que la Unidad de Recepción conoce datos sobre bicicletas recuperadas. Tan estancas son las aplicaciones usadas por ambas áreas que se han dado casos en los que se ha avisado a un ciudadano sobre la recuperación de su vehículo y que, una vez en Aguirrelanda, nadie le ha sabido dar razón de la misma. Con ello se confirma que no es posible compartir esa información porque no hay un sólo gestor en el que integre los datos.

Por último, se reconoce que el sistema informático policial es el más vulnerable del Ayuntamiento en materia de protección de datos. Al parecer, y así lo certifica el análisis, hay riesgo real de una posible y fácil filtración de la información de alta confidencialidad. "Tenemos que concluir que los recursos informáticos se hallan en una situación deplorable y dramática", sentencia.