vitoria. Las plataformas vascas que luchan contra el drama de los desahucios, como Kaleratzeak Stop Araba, y los numerosos ciudadanos que se enfrentan en la actualidad a un traumático proceso de ejecución hipotecaria cuentan con un nuevo motivo para la esperanza. No en vano, el equipo jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cree haber encontrado una vía jurídica posible para detener esta sangría, al margen de los movimientos políticos que han comenzado a sucederse en Madrid, basándose en una reciente resolución de la Comisión Europea que colisiona frontalmente con las cláusulas "abusivas" que utiliza el sistema bancario estatal. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en este contexto, puso ayer a disposición de todos los perjudicados por ejecuciones hipotecarias y las asociaciones de consumidores un escrito de alegaciones dirigido a los órganos judiciales "para que acuerden la suspensión inmediata del desahucio de la vivienda sujeta al préstamo hipotecario". Además, el Consejo General de la Abogacía Española ha colaborado en la difusión del escrito enviándolo a todos los Colegios de Abogados del estado. Desde la plataforma se anima a los interesados a presentar este documento en cada proceso judicial donde medie una hipoteca, un guante que también han recogido desde Kaleratzeak Stop Araba. Aunque sus portavoces recelan del recorrido que esta vía pueda tener en los tribunales estatales, sí confían en que los europeos la tengan en consideración si se da el caso.

El texto, al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, fundamenta sus alegaciones en la "situación de emergencia social" causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en el Estado desde 2007 y las miles que se están tramitando. El escrito recuerda que en estos procesos debe tenerse en cuenta el artículo 3.1 del Código Civil, que establece que las normas jurídicas deben interpretarse con arreglo "a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas". En muchos de los procedimientos seguidos, los afectados, dada su precaria situación económica, ni siquiera han podido designar abogado y procurador que los defienda y represente, por lo que los procesos judiciales se han seguido en situación de rebeldía. Además, los desahucios masivos en el actual entorno de crisis conllevan en la práctica desalojos forzosos "incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales", ratificado también por España, y que por tanto forma parte del ordenamiento jurídico estatal.

El escrito también pide la paralización de los desahucios por la posición que mantiene el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en torno al sistema estatal de ejecución hipotecaria, sobre el que próximamente emitirá una sentencia. En concreto, la institución judicial ha mostrado ya sus recelos sobre los procesos de desahucio que se llevan a cabo en el Estado, dudando de que cumplan "parámetros mínimos exigidos" por la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios.

La Comisión Europea, en un informe del pasado febrero, advirtió además de que la Ley estatal de Enjuiciamiento Civil no respeta el Derecho de la UE si mantiene un sistema de oposición "por cláusulas abusivas" que sólo se pueden activar una vez efectuado el lanzamiento de la vivienda del deudor y si los intereses moratorios aplicados al ciudadano fueran desproporcionados.

La abogada general del Tribunal europeo, de hecho, resolvió el pasado 8 de noviembre que la normativa española sobre desahucios "vulnera la legislación comunitaria", por ser incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con personas que han suscrito un préstamo hipotecario. Se trata de conclusiones "contundentes" que han logrado un consenso jurídico notable en Europa y que se suman a la inminente sentencia del TJUE, a buen seguro contraria a la legislación estatal.