Vitoria. Pese a las evidencias que ratifican el más que probable cierre de la central nuclear de Garoña, aún hay quien guarda más dudas que certezas sobre el particular. Es el caso del Gobierno castellano que, por activa y por pasiva se resiste a ver morir a la instalación atómica ubicada en el burgalés Valle de Tobalina, a escasos 50 kilómetros de la capital alavesa. Los últimos movimientos al respecto se realizaron ayer en una reunión celebrada en Madrid entre el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, y el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí. En la cita, la Junta trasladó a los representantes del Ejecutivo central (PP) las dudas sobre el posible cierre de la conocida infraestructura. También se trasladó al Gobierno central la necesidad de conocer si la empresa propietaria, Nuclenor -participada al 50% por las multinacionales eléctricas Endesa e Iberdrola-, "ha dado carpetazo definitivo" a la continuidad de la actividad a partir de 2013 o, por contra, "está elaborando el plan de cierre". Y, "a partir de ahí", la intención también era la de interrogar al responsable del Ejecutivo del Estado por los planes del Gabinete de Mariano Rajoy "para paliar el efecto del cierre de Garoña".

Las dudas abiertas en el proceso de cierre de la central, tras la decisión de Nuclenor de no solicitar la ampliación del periodo de actividad de la planta más allá de 2013 -formalidad facilitada por el Gobierno del PP en Madrid, dispuesto a mantener activa la instalación burgalesa, al menos, hasta 2019- cada vez son más amplias. De ahí la reunión interinstitucional entre los dos gobiernos populares: el central y el regional castellanoleonés. Al respecto, el portavoz de este último -De Santiago Juárez- reconoció la semana pasada que la Junta se ha sentido "engañada" por la decisión de Nuclenor de no pedir la continuidad de la actividad, después de que en todo momento, y con la garantía del informe del Consejo de Seguridad Nuclear de que la planta era segura, el Gobierno castellanoleonés haya defendido su actividad hasta el 2019, incluso tras el grave accidente nuclear de Japón.

Reacción en La Rioja En otro orden de cosas, el diputado regional y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de medio ambiente en La Rioja, Jesús María García, consideró ayer "que las empresas no quieren asumir los costes que supone hacer la central nuclear de Garoña segura hasta el año 2019" y, por lo tanto, "no queda otro camino que el cierre".

El motivo de la comparecencia de los socialistas riojanos se debe a que no entienden que se siga debatiendo sobre este asunto "si tenemos en cuenta que la empresa que gestiona la central nuclear ya ha dejado pasar el plazo para prorrogar la explotación de su vida útil".

Jesús María García señaló "que el debate no ha sido en términos de seguridad, ni del punto de vista tecnológico o energético, sino que hemos asistido en los últimos meses a un debate únicamente político y económico dejando a un lado el problema central de la seguridad".

Tras el incidente de Fukushima, informó el diputado socialista, "la central de Garoña fue evaluada de nuevo y se determinó que son necesarias unas obras de 140 millones de euros para que la central siga en funcionamiento en plenas condiciones de seguridad". Y es esta inversión la que no quiere ser asumida por las empresas (Endesa e Iberdrola), según las palabras de los socialistas riojanos, por lo que "el plazo para el final de la explotación expirará en julio de 2013 y será el que se lleve adelante".

Desde el PSOE se ha apostado "por el cierre de la central" y han pedido al Gobierno de La Rioja que inste al Gobierno Central "a cerrar esta central", aunque critican que la respuesta del PP "siempre antepone los intereses económicos de Iberdrola y Endesa a la seguridad de los riojanos".

Para terminar, Jesús María García instó también al Gobierno central de Mariano Rajoy "a que prevea con la suficiente antelación el desmantelamiento de la central para que se cumplan los plazos y sobre todo que destine esfuerzos económicos y de imaginación para estimular planes económicos dentro de la comarca".