BILBAO. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido llevar hasta sus últimas consecuencias el decreto del 30 de diciembre por el que el Ejecutivo popular anuló todas las ofertas públicas de empleo a excepción de aquellas dirigidas a cubrir el 10% de la tasa de reposición. El Ministerio de Hacienda que dirige Cristobal Montoro ha ordenado a la Abogacía del Estado que impugne ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de nuevas plazas de profesores en 15 universidades públicas, entre ellas la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que defiende la "legalidad" de las 4 plazas en litigio. A día de hoy, la universidad vasca no ha recibido requerimiento judicial alguno. No obstante, "defenderemos la convocatoria ya que entendermos que está dentro del marco legal vigente", aseguró ayer Eva Ferreira, secretaria general de la UPV/EHU.

Al igual que otras muchas universidades, a lo largo del primer semestre del año la universidad vasca dos convocatorias para cubir varias plazas de docente titular universitario. En julio, el Ministerio de Hacienda que vela porque las comunidades autónomas cumplan con los criterios de austeridad impuestos para paliar el déficit envió un burofax a 15 univeridades, por el que les solicitó que retirasen sus convocatorias de acceso a plazas del cuerpo de profesores, al entender que superaban la tasa de reposición vigente que obliga a que se cubra solo 10 de cada 100 plazas.

En el escrito, el Ministerio de Montoro concedió un plazo de un mes para atender su reclamación. En concreto, el burofax afirmaba: "Si transcurrido un mes desde la recepción de este requerimiento no se hubiera obtenido contestación, se entenderá rechazado, momento en el que este órgano directivo solicitará a la Abogacía del Estado la interposición del correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa". Algunas de las universidades dieron marcha atrás pero otras, como la UPV/EHU, decidieron seguir adelante. En el caso de la universidad vasca la orden de suspensión solo atañe a la segunda de sus convocatorias - publicadas en el Boletión Oficial del Estado-, que habilita cuatro plazas de profesor. Al igual que el resto de las instituciones académicas, en julio recibió el apercibimiento del Ministerio y presentó alegaciones "al entender que esas cuatro plazas se enmarcan dentro de ese 10% de reposición que dicta el decreto", argumentó Ferreira. Después de que ayer el Ministerio confirmase la impugnación ante el Constitucional a través de la Abogacía del Estado, la íncógnita ahora es saber si la justicia suspenderá cautelarmente las convocatorias. Cabe recordar que el Constitucional ya admitió en mayo pasado un recurso del Gobierno central por los mismos motivos contra la convocatoria de plazas de profesorado de Secundaria de la Junta de Andalucía, que quedó en suspenso por decisión del tribunal a la espera del fallo correspondiente.