Un error en la disolución del Consorcio Pedro Anitua cuesta ya 10.000 euros

Los cinco empleados del Consorcio que deberían haber sido despedidos el pasado 30 de agosto no conocen aún cuándo finalizará su contrato. "No hemos recibido ninguna comunicación oficial", explicaba ayer a este periódico Roberto González, uno de los afectados por la desaparición de este programa educativo con casi 30 años de historia. Por ello, siguen acudiendo diariamente a sus puestos de trabajo en el centro Ignacio Ellacuría, si bien ya no tienen alumnos. "Estamos aprovechando el tiempo para formarnos", apunta. Además, el Ayuntamiento y Lakua siguen pagando el alquiler del pabellón donde se impartían algunos de los módulos de formación, en el antiguo Instituto de la Construcción, lo que ha supuesto hasta la fecha la cantidad de 10.000 euros. Dicha cifra debería ser sufragada sólo por el Gobierno Vasco, ya que en la actualidad se imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs).

Así lo hizo saber ayer el grupo del PNV en el Consistorio gasteiztarra, quien denunció "el cúmulo de situaciones irregulares" que se están produciendo tras la disolución del Consorcio Pedro Anitua, dedicado a la inserción laboral de jóvenes de 16 a 20 años que se encuentran en riesgo de exclusión social. "Desde que en junio se puso fin a la actividad del Consorcio con la negativa del PP a dar marcha atrás a su recorte presupuestario, se han venido sucediendo diferentes circunstancias anómalas que ponen de manifiesto la precipitación y la falta de criterio con la que se tomó esta decisión", afirmó ayer la portavoz nacionalista en Promoción Económica, Nerea Melgosa. Según dijo, diferentes "defectos de forma" a la hora de oficializar la disolución de este programa han motivado el retraso.

El cierre de Pedro Anitua se anunció a finales del pasado curso prácticamente por sorpresa después de que el Ayuntamiento de Vitoria decidiera retirar la partida presupuestaria que hasta ahora reservaba a estas aulas de inserción social, sufragadas a partes iguales con el Departamento vasco de Educación, que entonces también optó por retirar su aportación. La decisión desencadenó muchas protestas, no sólo por los trabajadores despedidos, sino por las decenas de jóvenes, muchos de ellos inmigrantes en situación de exclusión, que se quedaban sin una oportunidad para aprender un oficio.

Además, según denunció el PNV, el equipo de gobierno de Maroto no acaba de dar una respuesta clara a los trabajadores sobre la posibilidad de incorporar personal del Consorcio a las listas de contrataciones municipales, algo que sí se hizo tras disolver la Agencia para la Revitalización Integral del Casco Histórico (ARICH). El Departamento de Educación del Gobierno Vasco, por su parte, sí los incorporará a las listas de sustituciones.

ikasbidea En otro orden de cosas, padres y madres de la Ikastola Ikasbidea de Durana anuncian nuevas concentraciones para este curso escolar con el fin de reivindicar un transporte escolar gratuito. Según recordaron ayer en un comunicado, en la actualidad hay 21 alumnos que utilizan un autobús privado para poder comer en casa cada mediodía, un servicio por el que pagan 70 euros al mes por cada estudiante. El autobús privado fue impulsado por la Asociación Ttipi-Ttapa, formada por familias que querían que sus hijos siguieran comiendo en sus casas. Cabe recordar que tras la ampliación del comedor de la ikastola, el Departamento de Educación decidió retirar el transporte al mediodía. Pero tras las quejas de algunos padres finalmente optó por que la medida sólo afectara a los nuevos alumnos por considerar que el resto había adquirido "derechos históricos" y, por lo tanto, podría seguir haciendo uso del servicio público.

Así las cosas, la asociación cree que el área de Isabel Celaá tiene que acabar con esta "injusta discriminación". Por ello, anuncia movilizaciones los días 8 y 15 de este mes frente al Parlamento Vasco.