Vitoria. La Diputación Foral de Álava trabaja en la elaboración de un informe que aclare los entresijos de la adecuación de una vieja casona de Lapuebla de Labarca para construir seis viviendas tasadas a través de la sociedad pública Arabarri. La operación, promovida por el ex diputado de Administración Local, Alfredo De Miguel, encausado en la investigación de una supuesta trama corrupta que adjudicaba obra pública a dedo a cambio de comisiones particulares a cargos públicos, acabó siendo un fiasco que costó a las arcas públicas más de 300.000 euros.
Según explicó el sucesor de De Miguel en el cargo, el popular Javier Ruiz de Arbulo, el expediente sobre esta adjudicación contiene "múltiples irregularidades", e incluso llegó a afirmar que el documento "apesta profundamente". Ruiz de Arbulo, que respondía a una pregunta del juntero de Bildu Patxi Martínez de Albeniz, afirmó que la Diputación perseguirá la depuración de responsabilidades sobre este tema tanto desde el punto de vista civil como desde el administrativo, "y veremos si esto no acaba en el ámbito penal". Según el diputado de Administración Local, la adjudicación de la obra en el edificio conocido como La Casona a la empresa Construcciones Hierro, cuyo titular está imputado judicialmente por el caso De Miguel, se realizó antes de que se firmara el convenio entre Arabarri y el Ayuntamiento de Lapuebla. "¿Cómo se concedió una licencia de obras si no había un convenio firmado?", se preguntó Ruiz de Arbulo, quien aseguró además que, cuando se firmó el convenio, en 2010, el terreno ni siquiera era propiedad del Consistorio de la localidad riojano alavesa.
Con la llegada del PP al palacio foral, la Diputación decidió paralizar la obra y asumió la pérdida de esos más de 300.000 euros -307.237, concretamente-, además de tener que indemnizar a la empresa Construcciones Hierro con 20.000 euros por el lucro cesante que causó el freno a los trabajos. "Cuando nos hicimos cargo de este asunto vimos que sólo había un adjudicatario, que no se había firmado ningún contrato, y que el edificio se iba a quedar vacío", explicó Ruiz de Arbulo para justificar la paralización de las obras en el caserón de la localidad, que antes de entrar en juego Arabarri se iba a destinar a las asociaciones locales.
La sociedad, encargada de restaurar el patrimonio cultural de los pueblos alaveses firmó el convenio con el Ayuntamiento de Lapuebla el 11 de junio de 2010, pese a que las obras habían comenzado ya en marzo, según el diputado de Administración Local. Además, dijo Ruiz de Arbulo, "la obra no la hizo el ganador del concurso porque hubo renuncias extrañas". El responsable foral aseguró que tras interrogar a los trabajadores de Arabarri éstos le aseguraron que siguieron "estrictas instrucciones políticas" en el caso de la promoción de Lapuebla, y por ello Ruiz de Arbulo ubicó la responsabilidad de la fallida operación en "Alfredo De Miguel o Jokin Villanueva -entonces gerente de Arabarri-".
Indemnización a la constructora Ahora la Diputación trabaja en la elaboración de ese informe, que no culminará hasta que se abone la indemnización a Construcciones Hierro y se sepa quién es el propietario del terreno donde se ubica La Casona.
Según los responsables de la institución provincial, los promotores llegaron a pedir avales por el 20% del importe final de las viviendas tasadas a los interesados a acceder a estos pisos, que por otro lado no despertaron el interés de los vecinos de la localidad. Era a ellos a quienes iba dirigida la promoción, pues el proyecto de la sociedad Arabarri perseguía fijar población en los núcleos rurales, pero las semanas pasaban tras la apertura de la inscripción por parte del Ayuntamiento y no lograba alcanzar la media docena de solicitantes necesaria para seguir adelante con el proceso.
Según Ruiz de Arbulo, la Diputación ordenó la paralización de las obras para que no se repitiera el caso de la cercana localidad de Samaniego, donde se llevó a cabo una promoción de viviendas de lujo "por el mismo sistema", pero "nadie se preocupó por ver si había interesados".
Por su parte, Patxi Martínez de Albeniz se preguntó "quién consintió este intento de pelotazo, qué intereses existían" y "desde cuándo Arabarri actúa como una promotora semiprivada". El juntero de Bildu mostró su deseo de que "con ese informe que se está haciendo sepamos quién ha perdido 300.000 euros " del erario público.
