Vitoria. Aunque sólo por unos pocos kilómetros, la central nuclear de Santa María de Garoña no está en suelo alavés, y por ello el diputado general, Javier de Andrés, se desentendió ayer de todo el proceso de desmantelamiento de la planta que debe acometerse tras la renuncia de Nuclenor a seguir operando más allá de 2013. De Andrés, que respondía ayer a una batería de preguntas de Bildu, PNV y Ezker Batua sobre el brusco cambio de rumbo que se ha producido en el devenir de Garoña, sí se mostró convencido, en todo caso, de que el Gobierno central no rebajará sus exigencias de seguridad -la planta necesita una inversión de más de cien millones de euros para poder continuar hasta 2019-.

Así se lo aseguró el diputado general al portavoz de Bildu, Gorka Ortiz de Guinea, quien demandaba información a la institución foral sobre el cierre de la central en la primera intervención en torno al tema registrada en el Pleno de control celebrado ayer en el palacio foral. La segunda vino de la mano de la juntera del PNV Arantza Zenarruzabeitia, que al igual que sus compañeros del Congreso de los Diputados pugna por la inclusión de 13 municipios alaveses y el vizcaíno de Orduña en el plan de reactivación económica del área de Garoña. Este programa de inversiones, anunciado por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sólo contempla la actuación en localidades burgalesas, una decisión que avala Javier de Andrés. "La empresa tributa en Burgos, los empleados son de Castilla y León y la afección a empresas alavesas es prácticamente nula", afirmó. En todo caso, el diputado de Promoción Económica y Administración Foral, Luis Viana, afirmó que el contencioso planteado por el Ejecutivo foral de Xabier Agirre para la inclusión de estos municipios vascos en el plan de reactivación sigue su curso.

La tercera cuestión relativa a Garoña la planteó la portavoz de Ezker Batua Nerea Gálvez, que demandaba "respuestas institucionales" ante el cese. De Andrés fue muy crítico con la juntera y, tras afirmar que la Diputación "ni puede ni tiene que hacer nada en el desmantelamiento" de la central, censuró que "ahora el problema medioambiental es el desmantelamiento".

Lo cierto es que parar la actividad de una central nuclear de forma definitiva exige todo un plan de actuación que ha de ser diseñado por expertos, dado el peligro que para el medio ambiente y la salud humana suponen tanto el combustible como los residuos nucleares.

De todos modos, la partida que juegan el Ministerio de Industria y Nuclenor aún no ha terminado. El día 4 acaba el plazo para que la firma participada por Endesa e Iberdrola recurra la decisión del Gobierno central de denegar la prórroga solicitada por Nuclenor el 14 de agosto para extender dos meses más, hasta el 5 de noviembre, el plazo de solicitud de un nuevo permiso de explotación hasta 2019. Las eléctricas querían saber cuáles serán las nuevas tasas que el Ejecutivo prepara para las centrales nucleares antes de decidirse a materializar la fuerte inversión que precisa Garoña para operar con garantías.

Sin embargo, desde el Gobierno de Rajoy no se entiende el movimiento de Nuclenor, pues la firma tenía la posibilidad de renunciar a la prórroga si se le hubiera concedido, y aún así prefirió dejar correr los plazos. El senador socialista por Burgos Ander Gil aseguró ayer que en todo caso será el Consejo de Seguridad Nuclear el que tenga la última palabra sobre la actividad de Garoña, aunque Nuclenor decida recurrir y el Gobierno estime sus alegaciones, según informa Efe.