Madrid. Los alumnos que hayan finalizado la educación básica, pero sin alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), pueden solicitar a partir de hoy un certificado oficial en el que deberá constar el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias básicas del alumnado, según publicó ayer el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta orden tiene por objeto establecer el modelo de certificado que deberá ser utilizado por los centros educativos, tanto públicos como privados, y que indique la relación de materias cuya superación en la ESO exime a los alumnos de alguna de las partes de las pruebas libres convocadas para la obtención del título de graduado en esta etapa o para las pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional de grado medio.
Además de constar en este documento las materias o ámbitos cursados con las calificaciones obtenidas en los años que el estudiante ha permanecido escolarizado en la ESO, los centros deben adjuntar un informe de la junta de evaluación, del último curso escolar en el que haya estado matriculado, en el que se indique el nivel de adquisición de las competencias básicas, así como la formación complementaria que debería cursar para obtener el título de graduado en ESO.
ico Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, afirmó ayer que su departamento está "en conversaciones muy avanzadas" con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para establecer un sistema de préstamos para que los universitarios puedan asumir el aumento del coste de las tasas o bien que estas aumenten "de forma escalonada" en función de la renta familiar, como se hace en Catalunya. Así lo avanzó el ministro de Educación, en una entrevista en RNE. "Yo creo que nadie debe quedarse fuera de la educación universitaria por razones económicas, pero eso tiene que hacerse compatible con la necesidad de que la educación universitaria conlleva una inversión pública de más de 11 millones de euros en una situación fiscal como la que tenemos. Tenemos que repensar toda su financiación", indicó.
El ministro también adelantó que con la nueva ley se va a "reforzar" el derecho constitucional a que "cualquier español tiene el derecho de ser escolarizado, utilizando el castellano como lengua vehicular". No obstante, señaló que este "problema", que se da en algunas comunidades autónomas, no responde a una falta de marco normativo, sino a "la creación de medios para hacerlo efectivo". El ministro apuntó que "no se trata de solucionar el problema con atención individualizada -como propone Catalunya- sino de crear oferta en castellano para quienes quieran ser escolarizados en castellano, sean muchos o pocos, porque hay que atenderlos". Además, defendió que la reforma está planteada desde los "mejores ejemplos" extranjeros, y que no se recrea "en absoluto" en el pasado."
