Vitoria. Los designios de la políticas nuclear y energética en el Estado son inescrutables. Lo que hoy parecen los primeros pasos en el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, la de las mil grietas, mañana pueden desandarse con la facilidad con la que se encuentra un vericueto legal, administrativo o impositivo que permita tal posibilidad. En cualquier caso, lo que ahora hay sobre la mesa en la que se discute la viabilidad del recinto atómico del Valle de Tobalina apunta, y decididamente, al cierre de éste. En concreto, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en España, trabaja con la hipótesis oficial de que la planta burgalesa se encamina hacia su cierre controlado para el 6 de julio de 2013.

Sin ir más lejos, ayer mismo, el pleno de esta entidad decidió remitir a Nuclenor -la empresa que explota la instalación castellana, participada al 50% por las multinacionales eléctricas Iberdrola y Endesa- una nueva instrucción para la presentación por parte de ésta de los documentación necesaria asociada "al cese definitivo" de la planta.

Textualmente, el documento del CSN al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, acordaba ayer "remitir a Nuclenor una nueva Instrucción Técnica Complementaria -en argot técnico, ITC- sobre la presentación de los documentos de explotación de la central de Santa María de Garoña asociados a la declaración de cese definitivo de la actividad". Es decir, que se apela a la operadora del recinto para que cumplimente los procedimientos administrativos y protocolarios necesarios que deben acompañar el final de esta central nuclear, sita a pocas decenas de kilómetros de la capital alavesa.

Es más, desde el CSN se le impone a Nuclenor una fecha para la entrega de los deberes. Estos deberán estar en la sede del Centro de Seguridad Nuclear en la capital madrileña antes de 6 de noviembre del presente año.

Al respecto, el documento en el que se informa sobre esta decisión apuntala la sensación de que las propietarias de Garoña han preferido lo malo conocido que lo bueno por conocer para cesar la actividad de una recinto amortizado hace años antes de enfrentarse a los onerosos impuestos que el Gobierno central baraja imponer a las nucleares. Al respecto, desde la citada organización de control nuclear se entiende que "teniendo en cuenta que el titular no ha presentado la solicitud de autorización en el plazo previsto por la orden ministerial del pasado 29 de junio, el Consejo ha aprobado remitir una nueva TIC requiriendo a Nuclenor la presentación de los documentos asociados a la declaración de cese definitivo de la central".

Juego industrial De todo ello se desprende que los protocolos administrativos necesarios para iniciar el cierre de la planta se han activado. No significa, al menos, no absolutamente, que la central se vaya a cerrar definitivamente en primavera de 2013, ya que Nuclenor y, por ende, Iberdrola y Endesa, continúan jugando sus cartas en esta partida en la que se decide el mantenimiento de una fuente capaz de facturar a razón de casi 150 millones de euros al año. Al respecto, incluso existen teorías que apuntalarían la posibilidad de que Nuclenor recurra administrativamente la decisión del Ministerio de Industria -competente a la hora de cerrar o facilitar la prórroga de la planta burgalesa- de no conceder una prórroga adicional de dos meses al plazo habilitado para decidir si la empresa quería la prórroga o no y que concluyó la pasada semana sin notificación alguna por parte de la empresa. Tal recurso, según apuntan medios castellanos, tendría de plazo hasta el 4 de octubre. Volvería a ser el CSN quien dictaminase sobre la hipotética apelación e Industria quien adoptase la decisión definitiva. También habría la posibilidad de recurrir a la Justicia, con plazos más laxos.

En cualquier caso, el CSN recuerda que "adicionalmente a la remisión de la TIC, el Consejo está analizando los diferentes aspectos relacionados con la seguridad que se derivan de la no solicitud de la nueva autorización. El objetivo de estos análisis es continuar garantizando la seguridad de la planta, tanto en el periodo que resta de funcionamiento (hasta el 6 de julio de 2013) como en el posterior proceso de cierre y desmantelamiento de la instalación".