Un verano más, los jueces de la Audiencia Nacional han visto cómo los calabozos de este tribunal se han llenado con hasta 230 detenidos extranjeros, aunque su currículum delictivo es muy amplio, desde los que son reclamados por delitos de sangre hasta los arrestados por robar cerdos o gallinas.

Durante el mes de julio y hasta el 26 de agosto, esa es la cifra de detenidos requeridos por sus países de origen que han pasado por el tribunal, la mayoría de los cuales, 176, son de procedencia europea y, por tanto, arrestados en virtud de una Orden Europea de Detención (OED), según los datos recopilados por el Gabinete de Prensa de la Audiencia Nacional. Si a ellos se suman los 54 restantes, ciudadanos extracomunitarios arrestados para su extradición, la cifra total de detenidos arroja un balance de cuatro al día.

lo más variopinto El hecho está en que, desde hace varios años, la Audiencia, que es el tribunal que entrega diariamente a más delincuentes internacionales del mundo, viene advirtiendo de que el Estado se está convirtiendo en un refugio para ellos, especialmente las costas mediterráneas, en las que buscan pasar inadvertidos entre la marea de turistas.

En lo referente a su currículum delictivo, este suele ser de lo más variopinto. Por ejemplo, Robert M., húngaro de 41 años, cuenta con varias condenas a sus espaldas por homicidios, palizas por encargo o proxenetismo, entre otras, y en su expediente consta además cómo llegó a enterrar a una persona viva en su país. El pasado 25 de agosto, siete policías subieron a este experto en artes marciales desde el sótano de la Audiencia Nacional, donde se ubican los calabozos, hasta el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular, Ismael Moreno, aceptó la sugerencia de los agentes de que le interrogara esposado dada su especial peligrosidad.

Otro de los casos más recientes fue el del ciudadano francoitaliano Hervé Daniel Falciani, informático del banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza), acusado de robar listados de clientes a ese país, aunque alegó que con esos datos se evitó la comisión de numerosos delitos de fraude fiscal.

Pero los instructores del tribunal también atienden otros perfiles más curiosos desde la perspectiva del Derecho español, para los que han tramitado delitos que en nuestro país podrían tipificarse como hurtos.

Así, con frecuencia comparecen detenidos cuya entrega solicitan las autoridades de su país por robar gallinas, cerdos, gasolina o tocones de árboles. En estos casos, la Policía no tiene más opción que arrestarlos, tras lo cual los jueces deben tramitar la correspondiente OED e informarles de los cargos que pesan contra ellos. Un proceso que exige también asignar a un funcionario la tramitación del expediente, llamar al colegio de abogados para que se le asigne un letrado de oficio, avisar al intérprete para que le asista y localizar al fiscal antes de que el instructor emita un auto. La Administración de Justicia invierte de esta forma tiempo y dinero en una decisión que está abocada a la libertad desde el mismo momento en que se produce la detención.

traslados Cuando ocurre en verano, además, no es raro ver que el detenido que queda libre salga por la puerta de la sede de la Audiencia en la calle Génova de Madrid en pantalón corto y chanclas y sin dinero. Por este motivo, los magistrados vienen planteando la posibilidad de que este tipo de órdenes de detención por delitos menores puedan tramitarse en los juzgados más cercanos al lugar en el que se llevó a cabo el arresto. "No tiene ningún sentido pagar un avión desde Andalucía a Madrid para traer a una persona acusada de robar gallinas cuando va a quedar en libertad en cuanto comparezca aquí", apuntan algunos instructores.

Con todo, este no es el único vuelo que debe tomar el detenido, ya que, en la última fase de la OED, y una vez que la Audiencia Nacional ha autorizado su entrega, se le repatría al país que le reclama, si bien es este el que sufraga los gastos del desplazamiento.