Bilbao. La decisión del Gobierno español de recortar el gasto sanitario excluyendo de la financiación de la Seguridad Social una serie de fármacos dio ayer un paso importante con la publicación en el BOE de la lista de 417 medicamentos -entre ellos algunos tan utilizados como Almax, Fortasec o Mucosan- que a partir del 1 de septiembre tendrán que ser abonados íntegramente por los pacientes. Según el Ministerio de Sanidad, se trata en su mayoría de formulaciones indicadas para "síntomas menores" que, además, tienen alternativas financiadas. Sanidad también ha establecido que 97 de estos fármacos mantengan la financiación pública si son recetados a pacientes con dolencias crónicas o graves.
Una vez conocida la lista definitiva de los medicamentos que dejan de ser cofinanciados y a la vista de que algunos tienen una demanda elevada, la atención de los ciudadanos se dirige hacia la evolución que podría tener su precio ahora que han quedado liberalizados. En este sentido, Comisiones Obreras apuntó ayer que la decisión puede provocar un aumento del precio de los fármacos que, a su juicio, no podrá ser impedido por el departamento que dirige Ana Mato, ya que el Gobierno puede establecer precios de referencia para aquellos medicamentos en los que él es el comprador, pero "no en los que lo es el ciudadano". "No pueden frenar la subida de precios en un mercado de libre competencia", dijo el secretario general de la Federación de Sanidad, Antonio Cabrera.
Mantengan el precio o no, la realidad es que desde septiembre los ciudadanos deberán pagar el precio total de medicamentos tan populares como Almax (antiácido), Emportal, Duphalac o Plantago (laxantes), Fortasec (antidiarreico) o para el tratamiento de afecciones inflamatorias como Zenavan. También figuran en la lista medicamentos para la tos como Mucosan o Pectox, y los indicados para la rinitis alérgica, como Rinomax.
97 excepciones No obstante, la resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que ayer publicó el BOE contempla excepciones y, así, algunos de los medicamentos incluidos en la lista seguirán teniendo financiación pública cuando sean indicados para patologías concretas. Es el caso de algunos subgrupos de medicamentos que pueden ser prescritos para pacientes que padezcan enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis (formadores de volumen); encefalopatía portosistémica y paraplejia (laxantes osmóticos); pacientes oncológicos (antagonistas del receptor opioide periférico) y claudicación intermitente (vasodilatadores periféricos) y los oftalmológicos, en casos de síndrome de Sjögren, entre otros.
más caros El Ministerio de Sanidad justifica la medida -muy criticada por algunos sectores sanitarios y los consumidores- tanto por el ahorro que se genera -unos 450 millones de euros, según sus estimaciones-, como por la necesidad de sostener y renovar el catálogo de medicamentos. En opinión del director general de la Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivero, tienen que ir desapareciendo o "desfinanciándose" aquellos que se utilizan para síntomas menores o que están "obsoletos" y, así, costear otros más eficaces y los destinados a patologías mucho más graves y que cuestan mucho más. Rivero puso el ejemplo de los nuevos medicamentos aprobados contra la hepatitis C, que pueden costar hasta cuatro o cinco mil euros anuales.
Desde el Ministerio insistieron también en que hay medicamentos que mantienen la financiación pública y son "alternativos" a los 417 que quedarán excluidos del Sistema de Salud. Sin embargo, el conseller catalán de Salut, Boi Ruiz, advirtió de que existe la posibilidad de que el medicamento que sustituya a alguno de estos fármacos sea más caro, ya que la mayor parte de los que figuran en la lista cuestan menos de 3 euros. "Nos da la impresión de que hay demasiados medicamentos cuya alternativa será de un coste superior", afirmó Boi Ruiz. "Hemos de velar para que no salga más caro y no se dé esa posibilidad", sostuvo el conseller.
