"con todos los cambios que se han sucedido en la historia, con todo lo que ha habido, y aquí seguimos, en funcionamiento". El presidente de los concejos de Álava, Javier Argote, reconoce que todavía no ha "encajado" lo que supondría para Álava la aplicación, en toda su extensión, de la reforma de la Administración Local que ha planteado Mariano Rajoy. Y aún así no puede evitar un tono de cierta nostalgia al ser cuestionado sobre el futuro que le puede aguardar a la zona rural alavesa de llevarse a efecto la tijera.
La historia relata que los pueblos del territorio se han regido por sus propios usos y costumbres desde tiempos remotos, hasta el punto de que éstos ya aparecen documentados en el siglo XIII, hace ya 800 años, en las denominadas Ordenanzas del Buen Gobierno, propias de los concejos. Un sistema que se mantuvo sin fisuras hasta que en 1812 la Constitución de Cádiz obligó a la creación de nuevos ayuntamientos en pequeños núcleos de población poniendo, por primera vez, en serio peligro la pervivencia de los concejos, que pese a todo lograron conservar su personalidad e independencia de los órganos de gobierno municipales en Álava.
Los concejos de la provincia también resistieron a la industrialización, que entre los años 50 y 70 del pasado siglo hizo que los habitantes de los pueblos se desplazasen masivamente hacía las ciudades en busca de trabajo. En Álava, esto significó que más de la mitad de la población rural pasase a ser urbana, una circunstancia que unida a la progresiva decadencia de la agricultura y la ganadería hizo que los concejos perdieran parte de su viveza. Algunos llegaron a desaparecer y el resto quedase muy tocado.
Esta situación de "arrinconamiento", como ahora la define la Asociación de Concejos de Álava (Acoa), y casi desaparición de los concejos fue poco a poco revirtiéndose, hasta que un grupo de vecinos que vio que la "continuidad y el fortalecimiento" de estas entidades era necesaria para la supervivencia de los pueblos y las comunidades del territorio se puso manos a la obra hasta conseguir el último gran hito. La aprobación, por parte de las Juntas Generales de Álava, de la Norma Foral de Concejos del 20 de marzo de 1995, que además de reconocer "la independencia y personalidad" de estas entidades plasmó, reguló y unificó en lo posible su organización, funcionamiento y administración. Ya en el año 1996 se creó Acoa, de la que dependen los 335 concejos de la provincia.