Cuatro centros de internamiento de menores cierran por los recortes del Gobierno Vasco

Para los agentes que trabajan en el proceso de reinserción de los menores conflictivos sobre los que pesa una orden judicial de internamiento, la decisión adoptada por el Gabinete Mendia es "grave" porque desmantela la "pista de aterrizaje de estos chavales a la vida normal" desde los centros con medidas de privación de libertad más duras, lo que antaño se conocían como reformatorios. Las residencias de autonomía son pisos donde viven durante varios meses los menores que tienen una buena evolución en su proceso de reinserción desde el centro de internamiento antes de pasar a la fase de vigilancia domiciliaria. En el último año han pasado por estas residencias cerca de 30 menores en régimen semiabierto. Ahora solo queda una residencia en Bilbao con seis plazas. En estos pisos, los jóvenes aprenden a llevar una casa, se les enseña a cocinar, nociones básicas de economía doméstica, al tiempo que se integran en un centro de iniciación profesional o directamente en el instituto. "Normalmente, chavales con 16 o 17 años pasaban temporadas de cuatro o cinco meses de su condena y salían con un nivel de autonomía mucho mayor al de la mayoría de los adolescentes, porque algunos no saben nada más que apoyarse en papá y mamá", afirma un profesional que depende del Gobierno Vasco y que prefiere mantenerse en el anonimato. Desde su punto de vista, la decisión de Justicia supondrá "un palo" para muchos de estos adolescentes conflictivos en proceso de reeducación. Y es que ahora "pasan directamente del centro de internamiento a sus casas, pero no todos los chavales tienen casa a la que volver, ni todas las familias están preparadas para acoger al menor una vez ha salido del centro", afirma este asistente social. Otros profesionales consultados consideran que la función de estas residencias "es vital si se quiere hacer bien las cosas ya que posibilitan una intervención gradual y más efectiva para corregir la conducta del menor". No obstante reconocen que, a parte de Euskadi, son muy pocas las comunidades autónomas que cuentan con este recurso de reinserción. Según ha podido saber este periódico, ya en julio de 2011 el Gobierno Vasco se puso en contacto con distintas asociaciones que gestionan las residencias para informarles de que se iba a producir un recorte o una paralización de la financiación. Lo curioso es que apenas un mes antes, el 20 de junio del 2011, la consejera Mendia compareció en la Comisión de Instituciones, Interior y Justicia del Gobierno Vasco para informar del Plan de Justicia Juvenil para el periodo 2008-2012, sesión en la que la portavoz del Gobierno manifestó que el Ejecutivo había incrementado un 46% el presupuesto para "atender de manera eficaz" la reeducación de los menores así como "el incremento" del número y la duración de las medidas de internamiento impuestas por los juzgados de menores (15 millones de euros). A pesar de distintas negociaciones, la amenaza se hizo realidad y llegó la orden de cese de actividad, lo que en la práctica supone el cierre de las residencias.

Al margen de motivos económicos, el Gobierno Vasco alegó que existe un superávit de plazas, argumento que ayer reiteró el Departamento de Justicia. Fuentes del Gabinete Mendia afirmaron que "se ha suspendido la actividad porque en la actualidad esos recursos no son necesarios para dar cumplimiento a todas las medidas que se imponen por los juzgados de menores".