i. aguinaco / a. burdain

vitoria. En época de apreturas económicas, el discurso de las competencias se convierte en el argumento perfecto para todas las instituciones a la hora de aplicar la tijera. Ayer, la concejal de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, volvió a enarbolar esta bandera para referirse al servicio de ayuda a domicilio (SAD). Sólo que, en esta ocasión, la popular aprovechó el actual vacío legal ocasionado por la falta de aplicación de la última ley de Servicios Sociales para anunciar que, finalmente, no asumirá la competencia total de este recurso en 2013.

A pesar de que la responsable del área había anunciado que podría hacerlo, Domaica se retractó ayer y reconoció que no será así. "No es un escenario en el que estemos trabajando. Queremos esperar hasta que tengamos la seguridad jurídica para asumir la competencia", explicó.

La pelota queda pues en el tejado del Gobierno Vasco, encargado de establecer la cartera competencial de la última Ley de Servicios Sociales aprobada ya en 2008 y de la que todavía no han quedado establecidas las competencias de forma definitiva. De hecho, en un principio, el texto señala que la cobertura de la atención a domicilio corresponde a los ayuntamientos, razón por la cual Vitoria debería asumirla. Sin embargo, la falta de aprobación definitiva de la cartera de la que depende el desarrollo de esta norma en base a un acuerdo interinstitucional sobre la sostenibilidad y la financiación de la misma, ha llevado a que, en la actualidad, el reparto continúe como hasta la fecha, con la inminente firma de la tercera prórroga del actual contrato referente al SAD que se extenderá hasta diciembre de 2013.

Así las cosas, el Ayuntamiento seguirá haciendo frente a este servicio sólo en lo referente a las personas en riesgo de dependencia, mientras que la Diputación continuará dando respuesta al colectivo de los dependientes. Un servicio que supone a las arcas forales una importante cantidad de 20 millones de euros.

De esta forma, y a pesar de que al igual que en otras áreas el rigor competencial ha servido al ejecutivo foral para reducir las partidas de ciertos programas y recursos, la diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, tranquilizó ayer a los perceptores asegurando que afrontará este servicio hasta que se produzca el traspaso. "Es necesario dar seguridad y certeza a los usuarios. Es más prudente dejarlo de momento como está y, en el caso de que se produzca la reordenación de garantías, cuando se produzca hacerlo de forma ordenada", aseguró confirmando que las ayudas continuarán ofreciéndose a partir del reconocimiento de dependencia de grado 1 nivel 2. Precisamente por esta circunstancia, Domaica, recordó que no hay que alarmarse ya que "hay una garantía de cumplimiento del servicio". Sin embargo, la edil del PNV Nerea Melgosa le recriminó el hecho de no haber comunicado una decisión que hacía tiempo que conocía y alertó del problema de la disminución del número de peticiones de ayuda a domicilio de los últimos meses. "Hay un descenso del 30%. Estamos destruyendo empleo porque las familias cogen el dinero para subsistir en una mala situación económica", destacó.