Vitoria. Han sido varios los motivos, pero el hecho objetivo e irrefutable detectado por los profesionales de la Justicia es que en el último lustro la delincuencia en Álava se ha incrementado de forma notable. Ese aumento, sin embargo, parece tender a estabilizarse, según el informe de la Fiscalía del territorio publicado ayer por su titular, Josu Izaguirre. Así, si desde 2005 el número de procedimientos judiciales ha aumentado un 34,63%, a una media del 5,77% anual, entre 2010 y 2011 se registró una ligera bajada del 0,1%.

Tras esos fríos números se esconden una realidad social y legal muy cambiante en la segunda mitad de la pasada década, y que Izaguirre analiza en su informe. El fiscal de Álava recuerda, por un lado, que la legislación contra la violencia de género llamada a frenar los crímenes machistas, y los nuevos delitos contra la seguridad vial, han llevado a los juzgados multitud de causas nuevas que han contribuido a engordar la estadística delictiva del territorio.

Por otro, Izaguirre alude a los "cambios sociológicos" causados por el incremento de la población y a la llegada de inmigrantes, "con los problemas derivados de sus bases culturales y su necesaria adaptación a las propias del lugar". El fiscal cita además los cambios sufridos en la escala de valores y en las relaciones interpersonales de la sociedad en general, "lo cual ha dado lugar a comportamientos delictivos que bien antes no existían, o bien no se concebía que pudieran tener acceso al sistema penal". Izaguirre piensa al redactar esta conclusión en un ejemplo muy concreto, el de "las agresiones de hijos hacia sus progenitores".

Dentro de esa época de cambios que estamos viviendo y que, cómo no, afecta también a la Justicia, Izaguirre se detiene en el análisis del ejercicio 2011 y extrae una conclusión principal; en Álava los delitos han aumentado de forma considerable en los últimos años, pero no existen grandes problemas que afecten a la seguridad real d los ciudadanos. La mayoría del trabajo de la Fiscalía y los juzgados en general pasa por delitos contra la seguridad vial y contra la propiedad, el "delito estrella" en el territorio según el informe. En este segundo caso, el fiscal llama a la reflexión, pues aunque en la mayoría de los casos los robos no suponen ni un gran quebranto económico ni psicológico para los afectados, lo más normal es que estos delitos queden impunes. "Salvo que el infractor sea pillado in fraganti, o el delito tenga cierta entidad, la mayor parte de denuncias por pequeños hurtos, robos e, incluso, defraudaciones, no tienen ningún recorrido procesal, acabando finalmente archivados y sin resolver", advierte Izaguirre. Además, se han incrementado singularmente, un 44%, los robos con violencia, hechos que al contrario que los pequeños hurtos o los delitos viales sí incrementan la sensación de inseguridad ciudadana.

En todo caso, y dado que la Fiscalía denuncia su situación de precariedad en lo que a plantilla se refiere, el balance de su trabajo en 2011 es bueno para Josu Izaguirre . De cada cien personas que delinquen en Álava y son llevadas a juicio, 55 son condenadas o absueltas en un plazo máximo de treinta días. Al margen de ello, el balance del fiscal se detiene en otras cuestiones.

En materia de violencia de género, por ejemplo, Izaguirre detecta cierta "desprotección" en las víctimas ante los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, aunque también apunta a la rigidez de la legislación al respecto y a la dificultad que a veces supone el cumplir con sus resoluciones. El año pasado se solicitaron en Álava 273 órdenes de protección, de las que sólo se denegaron 36, y se detectó que las agresiones son mayores entre exparejas de hecho que entre exmatrimonios. Se confirmó además una tendencia preocupante, el importante número de denuncias por malos tratos entre gente joven, que descartan que la violencia machista se deba al desgaste en la convivencia de las parejas y corroboran, de paso, que los roles de dominio entre géneros siguen vigentes en las nuevas generaciones.

Se han incrementado además las agresiones sexuales, un 187,5%, aunque el número real no es elevado, y se da un especial crecimiento cuando las víctimas son menores, con el agravante de que el agresor suele ser un familiar o un conocido. En ese sentido, Izaguirre ha detectado una mayor incidencia de este tipo de casos entre la comunidad latina de Álava, y llama a los familiares a denunciar. Por otro lado, 2011 ha dejado en la estadística judicial el mismo rastro de desolación que la crisis económica está esparciendo en todos los ámbitos sociales. Crecen un 20% las lesiones (Izaguirre lo achaca a la mala situación actual), un 38% los impagos de pensiones de manutención, y ni más ni menos que un 280% los delitos societarios.

Corrupción en Álava Una de las muchas causas de esa crisis económica es la endémica corrupción del Estado español, a la que Álava no es ajena. Izaguirre recuerda que en 2011 se juzgó a quienes trataron de comprar a un concejal de Laguardia para construir un campo de golf y extrae una conclusión contradictoria.

Positiva, en el sentido de que el edil renunció a un dinero fácil a cambio de pasar por un proceso judicial que probablemente no le resultó agradable, y demostró de paso que "la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la actividad política son honradas", según el fiscal. Negativa, pues a Izaguirre le produce "sonrojo" que el intento de sobornar a un cargo público se pague con un año y seis meses de prisión (sin ingresar en la cárcel por no haber delinquido antes, que se sepa) y una multa que no se satisfacerá porque el sobornador se ha declarado insolvente. Izaguirre recuerda además que el caso del espionaje derivado de la presunta trama de corrupción creada en torno a relevantes cargos del PNV irá pronto a juicio oral.

El fiscal alerta por otro lado del importante crecimiento en 2011 de los delitos de tráfico de drogas, tras el que se esconde un aumento del consumo, principalmente entre los más jóvenes y mayoritariamente de cannabis. Han aumentado un 61,9% estos delitos, pero cabe destacar que los casos de venta de hachís o marihuana juzgados han crecido un 113,2%, y los de transacciones de otras drogas más peligrosas que los porros han caído un 54,5%.

Por último, Izaguirre lamenta el importante incremento de las agresiones a agentes de policía y de los desórdenes públicos, fruto de una ausencia de respeto a la autoridad y casi siempre registradas en el ámbito del ocio nocturno.