vitoria. El Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno Vasco ha recibido desde su puesta en marcha el pasado 2 de mayo 364 llamadas y ha formalizado 107 entrevistas, que han fructificado en 59 expedientes y en evitar dos desahucios, según informó ayer la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia. Mendia se reunió ayer en Bilbao con representantes de distintas entidades financieras que se han adherido a este servicio, cuyo objetivo es la mediación para evitar desahucios. Junto a Kutxabank, que fue el primer banco en sumarse a esta iniciativa, suman en total once las entidades adheridas, que cubren el 90 ó 95 % del mercado hipotecario en Euskadi. "Todos ellos, de una manera u otra, han venido trabajando con el Gobierno desde que el servicio se puso en marcha y hemos ido formalizando paulatinamente los acuerdos con ellos", explicó Mendia.
La consejera subrayó que los 59 expedientes abiertos son "un buen dato, un dato importante" y celebró la resolución de esos dos desahucios que iban a ejecutarse en Barakaldo y Tolosa. De esta forma, la primera gestión de este Servicio de Mediación ha sido negociar con Banesto la paralización de un lanzamiento -salida física de la vivienda por orden del juzgado- de una vecina de Barakaldo, previsto para el pasado 4 de junio, hasta encontrarle otro alojamiento. Mientras, en el caso de Tolosa el problema se ha solucionado con una dación en pago.
Mendia destacó que el Servicio de Mediación "funciona bien, se está consolidando" y el Ejecutivo autonómico tiene "muchas esperanzas en que sirva para tratar de paliar esta situación dramática que viven algunas familias".
Mendia apuntó que "hay otras entidades que pueden incorporarse y la invitación a hacerlo sigue abierta", porque "de lo que se trata es de alcanzar el mayor número de entidades financieras". El objetivo que persigue el Gobierno Vasco es, según la consejera, "abarcar el abanico completo de clientes y de ciudadanos que puedan estar afectados por una situación de endeudamiento sobrevenido".
Con la adhesión a este servicio, las entidades se comprometen a nombrar unos interlocutores para que los mediadores puedan tratar con ellos, a trasladar todo la información financiera de ese cliente que acude al servicio de mediación a los mediadores y a paralizar durante un mes el inicio de un procedimiento de demanda por desahucio.
De esta forma, explicó Mendia, se facilita que el servicio "pueda hacer su trabajo en ese tiempo y tratar de hacer una propuesta que, evidentemente puede ser aceptada o no por la entidad financiera, pero que permite al mediador trabajar".
