Vitoria. El Gobierno Vasco dio luz verde ayer al Plan de Inclusión Activa, dotado de 500 millones de euros anuales. Con ello busca impulsar medidas que permitan a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) volver para 2016 a tasas de pobreza similares a las que había en 2008, cuando comenzó la crisis económica. Esta iniciativa tiene como meta luchar contra la exclusión social de los ciudadanos más vulnerables. Para ello, establece las prioridades para la prevención y el tratamiento de la exclusión social y aborda las actuaciones que deberán acometerse para facilitar y ordenar los procesos de inclusión social y laboral.
El plan tendrá vigencia hasta 2016 y en cada ejercicio, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales destinará un presupuesto aproximado superior a los 500 millones de euros. Esta inversión económica, además de las políticas activas de empleo, incluirá las prestaciones económicas, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
"El contexto de la durísima crisis económica que sufrimos obliga a asegurar aún más la acción protectora, pero también a mejorar su eficacia y eficiencia, entendiendo la inclusión social como una inversión y una oportunidad de crecimiento económico y de creación de empleo", subrayó la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. En ese sentido, el Ejecutivo autonómico pretende que la tasa de pobreza se sitúe en 2016 en el 8%, siete puntos por debajo de la actual.
Entre las líneas de actuación necesarias para llegar a la meta de reducir la tasa de pobreza y exclusión social destacan dos. Por un lado, mantener el actual nivel de protección, incluidas las prestaciones económicas, y por otro lado, introducir una acción selectiva en los procesos de inserción por el empleo. De lo que se trata, según el Departamento, es de que se derive a parte del colectivo de beneficiarios de prestaciones económicas hacia el empleo.
Los destinatarios del Plan tienen necesidades de inclusión relacional, social y laboral, en las que también pueden presentarse necesidades económicas, de salud, educativas o de vivienda. Concretamente, los grupos de población que sufren la tasa más alta de pobreza son los hogares encabezados por personas jóvenes menores de 35 años, los encabezados por mujeres monoparentales, los que sufren precariedad laboral y los encabezados por personas inmigrantes.
Itinerarios de inclusión En otro orden de cosas, la Diputación alavesa ha aprobado la normativa que regula la prestación económica dirigida a las personas que participan en itinerarios de inclusión social en el territorio alavés, a excepción del municipio de Vitoria. El objetivo es sufragar los gastos que generan a estas personas los desplazamientos, el cuidado de otras personas y la obtención del carnet de conducir B1.
Las prestaciones económicas tienen carácter asistencial y naturaleza subvencional, por lo que su concesión queda sujeta a la existencia de crédito suficiente consignado para dicha finalidad en los Presupuestos del Instituto foral de Bienestar Social. Las ayudas serán de carácter no periódico, y estarán destinadas a facilitar la incorporación social de aquellas personas con un diagnóstico de exclusión social y residentes en cualquiera de los municipios de Álava que tenga una población inferior a los 20.000 habitantes, para quienes la asunción de responsabilidades de cuidado, la conciliación de la vida personal y laboral o la escasez de medios sociales de apoyo supone un "hecho gravoso" en su proceso de inclusión social.
La concesión de la prestación para personas que participen en itinerarios de inclusión social tiene como finalidad sufragar los gastos derivados de los desplazamientos al centro formativo o a los servicios de inclusión social, los del cuidado y atención de las personas dependientes de aquella que participa en un proceso formativo, y los derivados de las clases teóricas y prácticas para la obtención del carnet de conducir tipo B1.
Las personas que opten a ser beneficiarias deberán participar en itinerarios de inclusión social y cumplir una serie de requisitos generales, como ser mayor de 18 y menor de 65 años o disponer de un diagnóstico de exclusión social. Asimismo, se deberá estar empadronado y tener residencia efectiva en el municipio en el que se solicita la prestación con una antigüedad de, al menos, 6 meses para conseguir la subvención del transporte y de los cuidados a dependientes.
