"Es una operación que busca hacer caja"

Es más, tal y como ha podido saber este periódico, desde las filas jeltzales no descartan solicitar ante los tribunales la suspensión cautelar del proceso de adjudicación, que podría ser resuelto en breves fechas. El PNV se encuentra también a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pronuncie sobre los dos recursos que presentó en febrero en contra de esta iniciativa por entender que vulnera varias normativas procedimentales, urbanísticas e incluso políticas que son de aplicación en la CAV. Y, además, podría plantear una iniciativa parlamentaria en los próximos días.

A la espera de que el Alto Tribunal haga pública su decisión, el socialista Arriola deberá afrontar su tercera intentona para dar luz verde a este cuestionado plan entre los reproches y reprobaciones del resto de la Cámara Vasca. Y es que las dudas y sospechas que rodean a esta maniobra política no se han disipado desde el verano pasado e incluso se han agrandado aún más con la sorpresiva aparición de esa firma (Casteplines Global Equities Limited) con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes británicas.

Si bien no existen impedimentos legales para establecer este tipo de contratos, la desconfianza ante una operación de este calado urbanístico y financiero ha envuelto desde el comienzo la sustancia misma del contrato ya que representaría, según evidencian los partidos en la oposición, la privatización del mercado de las VPO. No en vano, la intención del Gabinete de López es vender a un inversor privado (otras tres empresas extranjeras, además de la anteriormente citada, han presentado su oferta) 2.947 pisos y suelos de titularidad pública. Así las cosas, y mientras desde el Grupo Vasco analizan los detalles y consideran seriamente la posibilidad de reclamar que se paralice el concurso de adjudicación, desde Aralar y desde Eusko Alkartasuna, sus portavoces cargaban también contra ese plan estrella de los socialistas. El jeltzale Norberto Aldaiturriaga no dudaba en tachar de "grosera" la actitud del PSE-EE y del Gabinete de Patxi López en tanto en cuanto se oponen a que este tipo de operaciones reciban previamente el visto bueno del Parlamento Vasco.

"Me parece grosero que el PSE pidiera una subida de impuestos en el Pleno monográfico sobre fiscalidad del pasado lunes y sin embargo se den facilidades a grupos que pueden realizar prácticas empresariales opacas", aseguraba en referencia a la negociación que el Departamento de Vivienda mantiene con esa firma privada empadronada en un paraíso fiscal. Aldaiturriaga, insistía, asimismo, en revelarse contra la negativa de Lakua de abrir el debate sobre la idoneidad o no de esta operación al conjunto de la Cámara Vasca.

De hecho, el Grupo Vasco se encuentra a la espera de recibir todos los datos (que le serán entregados no por vía gubernamental sino por la contencioso-administrativa en virtud a los recursos admitidos a trámite por el TSJPV) para analizarlos y presentar también una iniciativa parlamentaria que, según expresaba Aldaiturriaga, espera contar con el máximo respaldo del resto de formaciones del arco parlamentario.

Por el momento, desde EA, su portavoz Juanjo Agirrezabala no ocultaba ayer su malestar por la intención del Departamento de Iñaki Arriola de vender esas 3.000 viviendas de protección oficial y adjetivó de "poco estética" la puesta en marcha y el desarrollo de esta operación.

¿Y mañana? "Es una operación que busca hacer caja; pero eso es pan para hoy y hambre para mañana", añadió el portavoz de Aralar ya que, según recordó, en el caso de que esta operación financiera saliera finalmente adelante "se hipotecará a los futuros ejecutivos, ya que se contraerán responsabilidad con empresas privadas, probablemente extranjeras, de dudosa solvencia".

No en vano, si bien la empresa adjudicataria tendrá que ingresar en las cuentas de Lakua 303 millones de euros de forma inmediata, la Administración vasca le pagará un alquiler a precio de mercado (700 euros al mes por vivienda más un actualización anual del 2,5%) para poder ofrecer a los ciudadanos esos pisos en régimen de alquiler social (en torno a los 300 euros mensuales) durante 20 años.

El inversor ingresará durante la duración del convenio 430 millones, mientras que el Ejecutivo recibirá algo más de 180 millones de los ciudadanos inscritos en Etxebide. Así, el Gobierno de López aliviará sus urgencias presupuestarias actuales, pero posteriores ejecutivos tendrán que hacer frente durante dos décadas a los pagos comprometidos.