vitoria. Lanbide asegura haber abonado 165 millones de euros en sus primeros cinco meses de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PVC), lo que supone un incremento del 4,5% respecto al mismo periodo del año pasado. La consejera Gemma Zabaleta insiste en que el Gobierno Vasco está haciendo "el mayor esfuerzo en gasto social de la historia del autogobierno para ayudar a los vascos que peor lo están pasando".

No opina lo mismo la Plataforma por los Derechos Sociales de Vitoria, que denuncia que desde que el Servicio Vasco de Empleo asumiera la gestión de estas prestaciones ha originado un auténtico "caos". Insisten en que en Álava cientos de familias llevan meses esperando a la resolución de sus solicitudes, sin empleo, y sin saber si van a poder percibir las ayudas, de ahí que se haya constituido la Asamblea de Personas Afectadas por la RGI, que cuenta ya con más de 120 respaldos.

"Es una situación dantesca", denunció ayer la portavoz de la plataforma, Tania Siriani. Asegura que quienes demandan cualquiera de las dos prestaciones deben esperar colas desde las "seis de la mañana" para ser atendidos "en un mostrador con un solo trabajador". "Los propios empleados aseguran que no pueden atender a la gente que acude hasta Lanbide de forma digna, puesto que carecen de formación", añade.

Los tiempos de espera hasta que el Servicio Vasco de Empleo comunica al interesado la resolución de su solicitud también han aumentado, ya que en algunos casos alcanzan los seis meses. En este sentido, los perceptores coinciden en que la lentitud se ha hecho evidente desde que los ayuntamientos traspasaron la gestión de las ayudas al Gobierno Vasco. "Antes, los servicios sociales municipales eran bastante rápidos, no sé a quién se le ha ocurrido la idea de dar el cambiazo", denunció ayer Rosa Alarcón, una de las afectadas.

"extraordinario esfuerzo" Desde el Ejecutivo vasco, sin embargo, destacan el "extraordinario esfuerzo" que está realizando Lanbide y su personal con la gestión íntegra de estas prestaciones. "La gestión íntegra nos permite activar a las personas, controlar el fraude y hacerlo dedicando más dinero, atendiendo a más personas y mejorando su atención", señaló ayer la titular de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. Según explicó, en la última nómina abonada correspondiente a mayo, Lanbide ha desembolsado 32,5 millones de euros por ambas prestaciones económicas. Un total de 58.156 unidades familiares tienen derecho a cobrar la RGI en el País Vasco, mientras que en la PCV el número se sitúa en 20.781 unidades familiares. Durante los cinco primeros meses de gestión, se han verificado y aprobado 7.334 nuevas solicitudes y reanudaciones al comprobar que cumplían todos los requisitos marcados por la Ley de Garantía de Ingresos, además del resto de casuísticas como renovaciones, revisiones, modificaciones, suspensiones y extinciones.

Así, desde que Lanbide asumió la gestión ha pagado 165 millones de euros, el 14,5% de esta cantidad ha ido parar a las unidades familiares de Álava, el 68,% a Bizkaia y el 16,9% a Gipuzkoa.