Vitoria. La crisis y sus negativos efectos sobre las arcas públicas obligan a los responsables institucionales a adaptar sus herramientas normativas a los nuevos tiempos de austeridad. Con esta intención, los representantes del PNV y Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria han firmado una solicitud conjunta para constituir un grupo de trabajo que se ocupe de la actualización de la ordenanza reguladora de las prestaciones municipales. El objetivo que ambos grupos persiguen es el de adaptarla al incremento de las situaciones de desprotección y al recorte de derechos que están padeciendo los vecinos de la capital alavesa a causa de la recesión.

Consenso político y social La iniciativa firmada por los jeltzales y los representantes de la coalición abertzale se debatirá en el Pleno municipal del viernes. El texto recuerda que la ordenanza vigente se aprobó en junio de 1999 "en unas circunstancias económicas y sociales muy distintas de las actuales" y reclama que la revisión de la normativa "parta del consenso de todos los grupos políticos y se lleve a cabo con la participación de los colectivos sociales". Por razones obvias, abogan por que durante el periodo de revisión de la ordenanza no se realice ninguna modificación puntual del texto vigente.

El contenido de la moción conjunta explica que "durante años hemos vivido arropados por el estado del bienestar y el dinero no faltaba ni en la mayoría de los hogares ni en la Administración", pero añade que "nos encontramos, sin embargo, con que la crisis va ahondando en todas las facetas de nuestras vidas y la línea de exclusión y pobreza es cada vez más fina, de manera que cualquiera de nosotros puede caer en ella".

Ante esta nueva realidad social, el texto manifiesta que "resulta aún más necesaria una actualización de la ordenanza municipal para garantizar los derechos sociales, para establecer instrumentos para el cumplimiento de las obligaciones de los perceptores y para adecuar la ordenanza al ordenamiento jurídico vigente".