Vitoria. El Gobierno Vasco pretende que los centros educativos, sanitarios, de ocio y de trabajo elaboren planes de movilidad en los que se incluyan la implantación de transportes colectivos, coches compartidos o el teletrabajo. Éste es uno de los aspectos que recoge el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que ayer aprobó el Ejecutivo autonómico y que en los próximos días será remitido al Parlamento de Vitoria. El proyecto integra todas las acciones y planes de movilidad existentes en el País Vasco y da una importancia principal tanto a los aspectos medioambientales como a los sociales y económicos.
El proyecto legislativo establece que algunos centros educativos, de ocio, sanitarios o centros de trabajo estarán "obligados" a elaborar planes que analicen la movilidad que generan y recojan medidas como transportes colectivos, coches compartidos o incluso la posibilidad del teletrabajo. Los recintos que tendrían que cumplir con esta normativa se determinarían en el desarrollo del Plan de Movilidad de Euskadi.
El texto apuesta por que los transportes públicos sean "económicamente asequibles para todos" y por que la movilidad sostenible suponga una igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía independientemente de sus condiciones personales o sociales. El proyecto de ley prevé la realización de análisis de viabilidad económica y financiera de las inversiones en nuevas infraestructuras de transporte para que se realice una planificación desde parámetros de racionalidad "priorizando aquellos proyectos con mayores ratios económicos sociales".
Contempla la aprobación de un Plan de Movilidad del País Vasco, que, entre otros aspectos, deberá recoger una planificación de la red ferroviaria. Asimismo las administraciones vascas deberán realizar estudios de viabilidad que analicen el coste y el impacto de la creación, modificación o adaptación de una infraestructura o un servicio de transporte. Se condiciona así la ejecución de cualquier inversión o puesta en marcha de un servicio a la elaboración de dicho estudio en el que se tendrá que demostrar que concurren los ratios de rentabilidad económica y social.
