vitoria. La mayoría de las 6.582 personas que han recibido orientación laboral por parte del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, tiene estudios medios o superiores, lo que "desmonta la idea de que la mayoría de los perceptores de ayudas sociales son personas con poca formación". Así lo ha manifestado la consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien en una entrevista concedida a Efe ha expuesto los datos de personas que han recibido orientación por parte de Lanbide desde el pasado 2 de enero, cuando se puso en marcha este servicio, hasta el pasado 31 de marzo.

De las 6.582 personas que perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que han recibido información profesional u orientación para el empleo, el 52,5% tiene estudios de Educación Secundaria (ESO), el 9,5% acreditó además tener el Bachillerato y un 1,9% ha terminado estudios universitarios, de los cuales 11 personas tienen incluso un doctorado y 13 un máster. El 11,2% ha hecho Formación Profesional, el 23% posee estudios primarios y sólo un 1,6% carece de todo tipo e estudios.

Estos datos revelan que estas personas "están en la exclusión económica, no en la exclusión social", ha indicado Zabaleta. Por municipios, destaca que el 65,9% son vizcaínos, territorio que concentra también el mayor número de perceptores de estas ayudas. De hecho sólo en Bilbao se aglutinó el 20,2% de las personas orientadas, mientras que en las otras dos capitales vascas este porcentaje se redujo al 8,2% en Vitoria y al 4,1% en San Sebastián. En el conjunto de Gipuzkoa se orientó al 20,7% de los perceptores atendidos por Lanbide y en Álava, al 16,4%.

Otro hecho relevante es la juventud de quienes cobran la RGI, ya que el 51,5% tiene entre 31 y 45 años, el 21,9% es menor de 30 años y sólo un 26,6% supera los 45. Zabaleta destacó la importancia que tiene para los perceptores de las ayudas recibir esta formación para lograr empleo, si no a corto plazo, sí a medio, con el fin de que estén preparados para cuando se reactive el mercado laboral.

Esta información llega sólo días después de conocerse otra serie de datos aportados por Lanbide. Esta institución informó la pasada semana de que va a suspender en mayo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación de Vivienda (PCV) a 2.031 perceptores "por estar ilocalizables" en el conjunto del País Vasco. Este anuncio no gustó a los distintos sectores que trabajan en el ámbito de la exclusión social, colectivos que volvieron a criticar ayer al Gobierno Vasco por "criminalizar" a los perceptores de prestaciones sociales bajo el paraguas del "fraude". Según el proceso que relató Zabaleta para justificar esta decisión, cuando Lanbide se hizo cargo de la gestión íntegra de la RGI, "bajo el objetivo de vincular a los perceptores a la activación laboral, con la excepción de los jubilados", inició un proceso de control. Para ello, envió una carta a las 56.000 personas que en la CAV recibían mensualmente estas ayudas para que se personen en las oficinas de empleo con el objetivo de comprobar que cumplían los requisitos, endurecidos tras la aprobación de la nueva normativa por ejemplo, en lugar de un año de empadronamiento en la CAV se exigen ahora tres.