Lakua seguirá la trama de los bebés robados

nekane lauzirika

bilbao. Son ya va varias las tumbas abiertas en Euskadi por orden judicial que se han hallado vacías en lugar de con los restos de los niños que se esperaban encontrar. La lápida es ficticia y no responde a la realidad del interior. Las denuncias que están interponiendo para localizar a estos recién nacidos cuyos cuerpos no aparecen están dando paso a la certeza de que durante el franquismo existió una trama bien urdida de redes de intereses de médicos, enfermeras, religiosas, registradores y otras personas que sustraían los bebés haciendo creer a los padres y madres que habían muerto. Al tener la mayoría de estos casos de robos de bebés relación con los ámbitos de la sanidad publica, la preocupación y la indignación social se ha extendido y no deja de aumentar.

En la actualidad, en SOS Bebés Robados contabilizan 650 casos en todo Euskadi, aunque todavía continúan recibiendo llamadas de nuevos afectados. Para abordar el desarrollo de las denuncias, la consejera de Justicia y portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, se reunió ayer con el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro.

Conscientes de la indignación y el clamor social que están suscitando estos casos, tras el encuentro anunciaron la creación de una comisión, integrada por los departamentos de Sanidad, Justicia e Interior del Ejecutivo autonómico, que serán los encargados de seguir la trama de bebés robados en Euskadi.

El encuentro entre Galparsoro y Media ha sido la antesala de la reunón que tienen prevista para hoy en Lakua el Gobierno Vasco con las asociaciones Anadir y SOS Bebés Robados, que agrupan a la mayoría de afectados por estas adopciones irregulares durante el franquismo y los primeros años de la democracia. En la reunión, estarán presentes los tres departamentos. La intención del Ejecutivo es que esta cita se repita cada cierto tiempo para darles a las familias las últimas noticias del estado de los procedimientos incoados. "Esta comisión interdepartamental servirá para estar más interconectados dentro del propio Gobierno y con la Fiscalía y la Justicia", aseguró Mendia. Salvo algún asunto excepcional, la comisión se reunirá con una periodicidad de seis meses, ya que en opinión de la consejera de Justicia, es un periodo de tiempo suficiente para ver cómo van avanzando las investigaciones y qué dificultades se pueden encontrar".

En esta línea, Mendia al igual que el fiscal jefe del País Vasco, reconoce que el mayor problema con que se encuentran a la hora de conseguir la verdad para reparar a estas víctimas, es el paso del tiempo "que impide el encontrar muchas veces testigos de aquellos hechos".

En el encuentro de hoy, el Gobierno Vasco quiere trasladar de primera mano a las asociaciones todas las actuaciones que están llevando a cabo desde distintas áreas del Ejecutivo; se les ofrecerá también la información de última hora con la Fiscalía y, sobre todo, se les escuchará a los afectados.

En la comisión interdepartamental se coordinarán los tres departamentos que ya venían colaborando en estos procedimientos: Interior, por las actuaciones policiales de la Ertzaintza; Justicia como responsable del Instituto Vasco de Medicina Legal que hace las pruebas de ADN y del servicio de atención psicológica la víctima, además de Sanidad, en cuyos hospitales nacieron muchos de esos niños desaparecidos. "Ahora estaremos más coordinados", apuntó la consejera Mendia.

"Son los centros los centros privados los que están poniendo dificultades a la hora de facilitar los informes médicos sobre los nacimientos de los bebés que podrían haber sido robados para ser dados ilegalmente en adopción", aseguró ayer el consejero de Sanidad Rafael Bengoa al referirse a las críticas que está recibiendo su Departamento por parte de las familias afectadas. Bengoa advirtió que Osakidetza será "muy exigente" con estas clínicas para que aporten los documentos a las personas que tiene sospechas de que fueron víctimas de la sustracción de un bebé.El consejero señaló que muchos de los casos ocurrieron "hace tanto tiempo" que es posible que en algunos centros "no se haya custodiado la información y que no esté disponible" y advirtió que las clínicas privadas "deben seguir las reglas de juego con sus datos".