Vitoria, 23 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Álava ha desestimado la mayor parte de los argumentos del recurso presentado por las tres firmas de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construyeron un tramo alavés de la autopista AP-1 Eibar-Vitoria y ha eximido por tanto a la Diputación alavesa de pagar 27 millones de euros.
La sentencia de la Audiencia de Álava, a la que hoy ha tenido acceso Efe, confirma prácticamente en su totalidad el fallo dictado el pasado mes de marzo por un juzgado de Vitoria.
El juez de instancia rechazó prácticamente todas las reclamaciones de la UTE formada por Dragados, Obras y Proyectos, FCC y Yarritu, a las que se adjudicó la construcción del tramo Luko-Arlabán de la AP-1, que pedían 31,1 millones en concepto de sobrecoste, y lo redujo a 4,2 millones, como reconocía la propia institución foral.
La Audiencia de Álava ha ratificado esta sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, y el único cambio respecto al primer fallo es que reconoce el derecho de la UTE a cobrar los intereses por esa deuda de 4,2 millones, que deben calcularse desde julio de 2008, cuando se hizo la certificación final de la obra.
La UTE ha basado sus demandas judiciales contra la promotora foral Viasa en que se produjo un cambio en las condiciones del contrato y un sobrecoste de 31,1 millones de euros debido a numerosas modificaciones del proyecto original.
En su recurso las empresas adjudicatarias argumentaron que "de las 800 unidades ejecutadas en la obra, 380 no estaban previstas", que se les "impuso extender el plazo de ejecución de 30 meses a 43", y que se les "ordenó" una parada de casi un año para después obligarles a ejecutar la práctica totalidad de la obra en 28 meses.
Viasa por su parte alegó que todas las modificaciones contractuales estaban previstas en el proyecto y no afectaron al desarrollo normal de los trabajos, negó que el proyecto tuviera errores o indefiniciones, dijo que sólo hubo "pequeños ajustes absolutamente habituales en una obra de estas características" y que el precio de adjudicación de 75,6 millones tenía "el carácter de máximo", por lo que los adjudicatarios no podían exigir su aumento.
De este modo, la sentencia confirma los planteamientos de la sociedad foral Vías de Álava (Viasa), encargada de la gestión de la AP-1, y exime a la Diputación del pago de unos 27 millones, es decir la diferencia entre los 31,1 millones de euros que reclamaba la UTE y los 4,2 millones reconocidos por la institución foral, dinero al que habrá únicamente que sumar los intereses. EFE
