Vitoria. Las investigaciones iniciadas a raíz de los 1.300 casos de presuntos robos de bebés denunciados en todo el Estado español encuentran en el tiempo transcurrido su principal enemigo, un obstáculo intangible cuyo paso ha hecho desaparecer o ha vuelto impracticables las pruebas que hubieran podido existir.

La ausencia de restos humanos en las recientes exhumaciones practicadas en dos panteones de Gipuzkoa y uno de Bizkaia, en los que debían reposar los cadáveres de tres bebés dados por muertos al poco de nacer, ha reforzado las sospechas de la existencia de un delito en estos casos, aunque paradójicamente no ha contribuido sustancialmente a su avance. Ello se debe a que lo realmente relevante en las pesquisas policiales y judiciales son las pruebas que permiten identificar a los posibles autores de los delitos y, si se quieren obtener datos fiables, la proximidad en el tiempo entre el crimen y su investigación resulta fundamental.

Aunque unos pocos casos de presuntos robos de bebés -ocurridos en la década de los años 90- son relativamente recientes, la mayor parte de las actuaciones se practican sobre casos datados entre los años 40 y 80, circunstancia que, de por sí, hace imposible que se hayan preservado pruebas biológicas como huellas dactilares, restos de saliva o cabellos de los culpables, y cuya presencia resulta habitual en delitos coetáneos, al tiempo que facilitan la investigación y resolución de los casos.

Ausentes estas pruebas, los documentos y los testimonios de las personas que pudieron haber estado involucradas en la desaparición de los bebés se presentan como las únicas vías factibles para avanzar en la investigación, pero nuevamente el tiempo hace que gran parte de los papeles y documentos hayan desaparecido.

los testigos Según han señalado a Efe fuentes judiciales, esta situación traslada las esperanzas de los investigadores a las declaraciones que diferentes testigos están prestando en los juzgados de instrucción que siguen los casos.

No obstante, tampoco esta vía parece sencilla, dado que algunos de los testigos ya han fallecido y otros tienen una edad avanzada, muchos de ellos presentan asimismo un estado de salud precario o incluso están en situación senil, lo que reduce mucho el círculo de personas que podrían aportar declaraciones útiles para que los casos progresen.

Todas estas dificultades llevan a pensar que las investigaciones solo fructificarán si alguien que hubiera tenido una participación activa en los hechos denunciados decidiera acudir a la Fiscalía o al juzgado para confesar, aportando un testimonio muy concreto en cuanto a fechas, lugares, días e identidades; algo que, hoy por hoy, se antoja realmente difícil.

La posible prescripción de los delitos que eventualmente podrían concurrir en estos casos (detención ilegal, falsedad en documento oficial y suposición de parto y alteración de la paternidad de un menor) es otra espada de Damocles que pende sobre estos casos. La interpretación legal predominante en estos momentos considera que el plazo para la prescripción de los presuntos delitos debe comenzar a ser contabilizado a partir del momento en el que los padres perjudicados toman conciencia del robo del bebé y lo denuncian, con lo que todos los casos continuarían activos en la actualidad.

Sin embargo, existe otra corriente legal que considera que, según el Código Penal, este plazo empezaría a correr a partir del momento en el que el bebé sustraído alcanza la mayoría de edad, lo que implicaría que muchas denuncias ya hubieran prescrito.