vitoria. El diputado general de Álava, Javier de Andrés, explicó ayer que las pruebas óseas han detectado un fraude del 65% en el colectivo de los menores extranjeros no acompañados y recordó que han quedado fuera de los servicios sociales de la Diputación porque no tienen derecho a los mismos.
El diputado general aclaró ayer que quienes no disfrutan actualmente de los servicios diseñados para atender a menores extranjeros no acompañados en Álava son personas que no tenían derecho a ello y que estaban faltando a la verdad cuando pedían esta atención. De Andrés explicó que la diputada de Asuntos Sociales, Marta Alaña, ha hecho las gestiones pertinentes para establecer un protocolo nuevo con la Fiscalía y la Policía Nacional con el fin de agilizar la tramitación de las pruebas óseas, lo que ha permitido saber si hay o no mayoría de edad en 20 días y no en cinco meses, como se tardaba hasta ahora. Recordó que la responsabilidad de la Diputación es atender a los menores de edad pero señaló que existían dudas importantes sobre si las personas que estaban acogidas era mayores de edad.
De ellos, explicó, que se han encontrado con tres casos de jóvenes que se han ido de los centros de acogida sin someterse a la prueba, otros ha resultado que ya habían sido calificados como mayores de edad en otras comunidades autónomas, y el resto que sí se han sometido a las pruebas óseas, ha resultado que el 65% mentía sobre su edad. De Andrés denunció la existencia de este "fraude" y aseguró que no es una suposición porque las personas que lo certifican lo hacen con una posición "muy garantista". Por tanto, dijo que está satisfecho de las actuaciones que ha llevado a cabo el Departamento foral de Asuntos Sociales y de que siga prestando atención a los menores "pero no a quienes no lo son y encima engañan".
