Donostia. En la exhumación de un presunto cadáver de un supuesto caso de niño robado realizada el pasado mes de septiembre en un panteón familiar de Bilbao tampoco se encontró ningún resto óseo, según informó ayer a este periódico el director del Instituto Vasco de Medicina Legal, Carlos Cubero. "Lo único que se encontró en el féretro fue un paño verde, compatible con las telas que se utilizan en los quirófanos", señaló Cubero.

Según el forense, ese paño apareció "manchado" a la hora de llevar a cabo el desenterramiento, por lo que, en un primer momento, se especuló con que el cordón umbilical hubiese sido enterrado allí, pero este extremo "nunca se ha confirmado", indicó.

Esta segunda exhumación corresponde a una denuncia realizada por la vizcaína Ruth P., quien dio a luz a un niño en 1993 en la Clínica privada Virgen Blanca de Bilbao. Este caso, además de suponer la primera exhumación que se hizo en Euskadi por un presunto caso de robo de niños, es uno de los pocos en el que se ha logrado inculpar a alguien. Según informó en su día la Fiscalía, un ginecólogo que intervino en el parto ha sido imputado y llamado a declarar.

Al igual que en el caso de la exhumación realizada el pasado martes en el cementerio de Polloe (Donostia), "no se ha podido realizar ningún estudio de ADN porque no había ningún resto que analizar", explicó el forense.

Este es el segundo caso en menos de una semana que demuestra que numerosas familias -se calcula que solo en Euskadi haya más de 200 procedimientos abiertos- fueron engañadas para que enterraran unos cadáveres que nunca existieron. Las dos únicas exhumaciones practicadas en Euskadi han dado la razón al colectivo de SOS Bebés Robados, que denuncia que existió una trama de compraventa de niños entre los años 40 y los 80, si bien también existen algunos casos posteriores, como el de Ruth P.

"indicios fuertes de delito" Las dos exhumaciones practicadas en Donostia y Bilbao han provocado un antes y un después en el proceso de investigación de esta supuesta trama. "Hay indicios muy fuertes para pensar que se incurrió en un delito", declaró el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en una entrevista a este periódico.

A pesar de que queda demostrado de que sí que existieron una serie de delitos relacionados con el robo de niños, Calparsoro rehusó hablar de trama. "No quiero que se deduzca que ahí había una organización que se dedicaba de manera sistema tica al robo de niños. Otra cosa es que haya personas que han actuado así, pero, de momento, lo que tenemos son personas que han actuado a nivel individual pero con algunas conexiones pero no existe una trama organizada como tal", matizó. Sin embargo, que se reconozca que existió un delito no va a ser determinante para que los responsables paguen el mal causado. En muchos de los casos, las personas implicadas están ya fallecidas y en otros, se trata de personas de avanzada edad, por lo que "será difícil que se les pueda atribuir una responsabilidad penal", aseveró el fiscal. "En esta situación se valoraría el transcurso del tiempo, que siempre sirve de atenuante de las penas. En el caso de que se considerase un delito grave -detención ilegal con falsedad y delito contra el estado civil- las penas serían de cinco años de prisión seguro, pero luego podría haber otro tipo de factores, como que una persona se a muy mayor. Esto supondría atenuantes, reducciones de penas e indultos", explicó el fiscal.

Debido a esto, en la mayor parte de los casos, las familias tendrán que conformarse con que se conozca lo sucedido, con que se imparta una justicia social que reconozca las irregularidades que se cometieron en un sinfín de casos.

un paso adelante A pesar de que el resultado de las exhumaciones ha sido un mazazo para las familias involucradas -la familia Losa Ocáriz admitió antes de la exhumación de Polloe que deseaba que los restos de Rebeca se encontraran en el panteón familiar para así poder cerrar el capítulo más difícil de su vida- para SOS Bebés Robados ha supuesto el respaldo definitivo hacia su causa. "Este resultado es un paso adelante que os dice que estamos en el camino y que parece ser que no hay jueces que quieren tapar esto, sino que hay quien lucha por la verdad", señaló Amadeli Díaz Carrasco, coordinadora de la asociación en Gipuzkoa, nada más conocerse el resultado del desenterramiento llevado a cabo Polloe.

Ahora más que nunca, desde la asociación se ven con fuerza de luchar por que se conozca la verdad. "Seguiremos con la lucha y, si la Ertzaintza, los fiscales y los jueces se ponen en contacto con la asociación, quizá saquen más cosas que ellos individualmente, porque nos reunimos cada quince días para cotejar historias y vemos cosas flagrantes", apuntó. Por ello, insisten más que nunca en la necesidad de crear un banco de ADN que pueda servir para reencontrar a los familiares perdidos. Para ello, piden que las personas adoptadas, se hagan un estudio genético. "En el banco de ADN que hemos creado nos encontramos con que necesitamos muestras de los adoptados pero muchos no quieren por no herir a sus criadores", apuntó.